Aborto, unión civil y eutanasia para el Perú, por Ciro Gálvez

Legalización del aborto

En el Partido RUNA consideramos que debe legalizarse el aborto pero solo para casos de víctimas de violación. No creemos que se deba autorizar cualquier tipo de aborto porque el concebido no tiene ninguna capacidad de defenderse por sí solo ni tiene responsabilidad por la situación de sus progenitores. Es decir, no debe autorizarse cualquier aborto para casos de embarazos no deseados, y para esos casos más bien debe reforzarse la educación sexual desde la adolescencia, y brindar orientación sobre métodos anticonceptivos (además de facilitar el acceso) a toda mujer, hombre o pareja que los requiera.

Pero el caso de las violaciones es una clara excepción a la regla. Impedir el aborto en esos casos es volver a victimizar a la mujer que ha sido abusada sexualmente, y obligarla a cuidar un bebé que no quiso tener y que le recordará cada día los traumas de la violación sufrida. Pero además, el niño o niña que nace en tal situación no tiene garantizado que crecerá en un hogar donde se le quiera, sino que crecerá sintiendo culpa y rechazo. El Estado no puede seguir cerrando los ojos ante esa realidad y mantenerse como cómplice de esa situación.

Obviamente el aborto en caso de violación debe ser completamente opcional (no inducido) y con límites. Considero que debería haber un límite máximo de tiempo, por ejemplo de hasta dos meses de producida la violación. Incluso, para no tener que llegar a ese momento, cuando exista una denuncia por violación, luego de que la víctima pase por el examen de un médico legista, este debería orientarle sobre su derecho a realizarlo.

Unión civil

En el Partido RUNA tenemos claro que la familia es el núcleo básico de la sociedad. Y si bien buscamos proteger a las familias constituidas por padre, madre e hijos, reconocemos que existen también otros tipos de familias cuyos derechos deben respetarse.

Vivimos en un Estado democrático, y debemos respetar la orientación sexual de todas las personas. Su orientación sexual no es asunto de nuestra incumbencia, lo importante es que sean personas honestas, responsables y trabajadoras y se les debe respetar como tales. Por ello, considero que en el caso de parejas que no son heterosexuales debería estar permitida la unión civil. De esta forma se protegerían las relaciones entre ambos miembros de la pareja, en sus obligaciones para el cuidado mutuo, así como la protección de su familia, su patrimonio y sus derechos sucesorios.

Sin embargo, también considero que esa unión civil no puede igualarse completamente al matrimonio de parejas heterosexuales porque las parejas del mismo sexo no deberían tener autorizada la adopción de menores. Creo que es necesario poner ese límite porque, en casos de familia, tenemos que proteger el interés superior del niño por encima de todo. En efecto, no tenemos certeza de que tener padres homosexuales no afectaría el desarrollo emocional del niño, o que dicho niño no estará sometido a discriminación. Necesitamos proteger a nuestros niños por encima de todo y, ante esa duda, también necesitamos poner ese límite.

Eutanasia

El caso de Ana Estrada recientemente ha reavivado el debate sobre la eutanasia. Un candidato de otro partido recientemente hizo comentarios agraviantes contra ella al señalar que si quería suicidarse debía subirse a un edificio y lanzarse de ahí.

Ese señor, cegado por su prepotencia, no entiende que la eutanasia no es lo mismo que un suicidio, y que en ambos casos hay que proteger la dignidad de la persona por encima de todo.

El suicidio es una decisión autodestructiva que surge como resultado de una depresión fuerte: es un problema de salud mental. Evidentemente no podemos hablar de los suicidios tan a la ligera, porque alguien que está llegando a esa decisión es alguien que ha sufrido mucho y requiere apoyo de diverso tipo para superar ese problema de salud mental y no llegar a tomar esa decisión fatal. Decirle a alguien que planea suicidarse que se suba a un edificio y se tire sería burlarse de su problema de salud de una manera cruel y macabra. El Estado debe hacer todos los esfuerzos para impedir que las personas que tienen problemas de salud mental lleguen a esa situación.

El caso de la señora Ana Estrada es muy diferente. Ella no quiere suicidarse, ni quiere morir, lo que quiere es mantener su dignidad. Ella tiene una enfermedad incurable y degenerativa que inflama y debilita sus músculos, necesita sondas permanentes para respirar y comer, y necesita atención las 24 horas. Cada vez su enfermedad se agravará más y aumentará su sufrimiento. A sus 44 años, sabe que no se recuperará y que esta enfermedad la llevará a la muerte.

Ella no tiene un problema de salud mental y no quiere morir, pero busca tener el derecho a decir “ya basta de este sufrimiento indigno”. En este caso el Estado le está dando la atención que requiere, lo cual muchas veces no ocurre en otros casos, pero solo está prolongando el sufrimiento. Es una situación extrema en la que debemos aceptar cuando ella, en el uso pleno de sus facultades mentales, decida que esta ya no es una vida digna. Por ello, es necesario regular la eutanasia para casos extremos como estos, para que el Estado no imponga un sufrimiento de esta manera y los médicos tratantes no vayan a ser criminalizados.