Elecciones 2021: el difícil escenario de los conflictos sociales que heredará el próximo presidente o presidenta

Además del daño causado por el nuevo coronavirus y la COVID-19 en nuestro país, las nuevas autoridades elegidas en las Elecciones 2021 tendrán que enfrentarse a un escenario lleno de conflictos sociales que no se detuvieron pese a la pandemia.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hasta febrero de este año se han acumulado 197 de estos problemas, divididos en 144 conflictos activos y 53 conflictos latentes que ‘heredarán’ las próximas autoridades luego del 11 de abril.

De todas las regiones, Loreto acumula 23 casos. Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, indica que varios de ellos están relacionados con los pueblos indígenas. La siguiente región con mayor número de casos es Cusco, con 21, y luego Áncash, con 17.

“¿Qué demandas plantean los pueblos indígenas, tradicionalmente olvidados en nuestro país? Remediación ambiental debido a los constantes derrames de petróleo o compensaciones económicas por los impactos ambientales y sociales causados históricamente por la actividad petrolera. También reclaman que se cumplan los compromisos de los convenios entre los pueblos indígenas y las empresas, y los procesos de consulta previa. Estas demandas están dirigidas tanto al Estado como a las empresas”, indicó Luque a RPP Noticias.

En el reporte de conflictos sociales N°204 de la Defensoría del Pueblo se indica también que el 65% de los conflictos son de tipo socioambiental. La mayoría corresponde a problemas con la minería, hidrocarburos, saneamiento, entre otros.

“El próximo presidente o presidenta va a tener que enfrentar una situación bastante compleja donde se requiere, aparte del conocimiento y el abordaje, no ir con un discurso facilista de imponer un proyecto sí o sí”, indicó César Ipenza, especialista en temas ambientales.

Los conflictos sociales "están en un lugar de incertidumbre", considera César Ipenza. “Si bien es cierto es un tema complejo y urgente de atender en el país, creo que ni siquiera los políticos están hablando de él”, comenta, y agrega que hay un gran descontento en la población que viene desde hace mucho tiempo.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, hay conflictos sin resolver desde hace más de 10 años, como el proyecto minero Conga, en Cajamarca. También está el proyecto minero Tía María, en Arequipa, que desde el 2009 se encuentra paralizado por temor a posibles daños ambientales, entre otros.

La Defensoría del Pueblo también refiere conflictos laborales en La Oroya y presuntos daños a la salud por contaminación de plomo en la sangre en las comunidades de Bambamarca, Chugur, Hualgayoc, Pulan y Querocoto.

En este escenario se pueden presentar posiciones electorales extremas. Indica Ruiz Molleda que en las regiones hay un peligroso vacío de representación que no se percibe desde Lima. “Soy muy escéptico y temeroso de que esta gente ‘extrasistema’, como Antauro [Humala], tenga más éxito que estos candidatos que no conocen la realidad, y cree que Lima se acaba en Chosica”, afirma.

LA HERENCIA DEL PRÓXIMO PRESIDENTE

¿Qué recibirá el próximo presidente en el bicentenario de la independencia? Rolando Luque indica que incluso, pese al estado de emergencia y la inmovilidad social del año pasado, se realizaron 996 protestas. “En los últimos tres años el número de conflictos sociales ha disminuido, pero también ha disminuido la capacidad de resolverlos”, precisó. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, en lo que va del 2021 se han reportado 3 casos nuevos.

Esto podría cambiar con los efectos de la pandemia, y estimó como previsible que reaparezcan las demandas de las comunidades. “Creo que la situación no pinta bien. Pese a la reactivación de la economía, todavía son varios millones los que no han recuperado sus empleos. La recaudación tributaria ha caído, por lo que habrá menos fondos para atender las necesidades de la población. Además de esto la inestabilidad política le ha restado eficacia y confiabilidad a la acción del gobierno central, los gobiernos regionales y locales. Se requieren nuevos consensos”, considera el vocero de la Defensoría del Pueblo.

Las Elecciones Generales se realizarán el 11 de abril. Aún quedan algunos días para escuchar a los candidatos, evaluar sus propuestas, y decidir por el presidente y los congresistas de los próximos cinco años.