Elecciones 2021: el difícil escenario de los conflictos sociales para los candidatos en los próximos comicios

La Defensoría del Pueblo ha reportado más de un centenar de conflictos sociales en el Perú, la mayoría de tipo socioambiental y muchos de ellos vigentes desde hace más de 10 años. Especialistas comentan cuáles son y qué problemas ocasionarán al próximo presidente y autoridades de cara a las Elecciones 2021.

Defensoría del Pueblo
Los conflictos socioambientales siguen siendo los más numerosos en el Perú, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. | Fuente: ANDINA

Además del daño causado por el nuevo coronavirus y la COVID-19 en nuestro país, los candidatos a la presidencia en las Elecciones Generales del próximo año enfrentarán un escenario lleno de conflictos sociales que no se detuvieron pese a la pandemia.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hasta setiembre de este año se han acumulado 189 de estos problemas, divididos en 142 conflictos activos y 47 conflictos latentes que ‘heredarán’ las próximas autoridades luego del 11 de abril.

De todas las regiones, Loreto acumula 22 casos. Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, indica que 20 de ellos están relacionados con los pueblos indígenas. La siguiente región con mayor número de casos es Cusco, con 20, y luego Áncash, con 17.

“¿Qué demandas plantean los pueblos indígenas, tradicionalmente olvidados en nuestro país? Remediación ambiental debido a los constantes derrames de petróleo o compensaciones económicas por los impactos ambientales y sociales causados históricamente por la actividad petrolera. También reclaman que se cumplan los compromisos de los convenios entre los pueblos indígenas y las empresas, y los procesos de consulta previa. Estas demandas están dirigidas tanto al Estado como a las empresas”, indicó Luque a RPP Noticias.

La minería es la actividad que predomina en los conflictos socioambientales en el Perú, según la Defensoría del Pueblo.
La minería es la actividad que predomina en los conflictos socioambientales en el Perú, según la Defensoría del Pueblo. | Fuente: Defensoría del Pueblo

En el reporte de conflictos sociales N°199 de la Defensoría del Pueblo se indica también que el 66.1% de los conflictos son de tipo socioambiental. La mayoría corresponde a problemas con la minería, hidrocarburos, saneamiento, entre otros.

“El próximo presidente o presidenta va a tener que enfrentar una situación bastante compleja donde se requiere, aparte del conocimiento y el abordaje, no ir con un discurso facilista de imponer un proyecto sí o sí”, indicó César Ipenza, especialista en temas ambientales.

PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS

La carrera electoral ya inició, aunque por momentos es opacada por otros temas de coyuntura política. A esto se suma que los partidos políticos solo tienen precandidatos y aún no definen sus candidatos oficiales. Es así que, hasta el momento, lo único claro es un intermitente silencio de los futuros aspirantes a la presidencia de la República.

“La clase política y los candidatos no recogen estos temas, o en algunos casos son muy oportunistas. Siento que están de espaldas a la conflictividad que hay en materia de minería en Cusco y Apurímac, a la conflictividad que hay en la Amazonía”, indica Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Los conflictos sociales "están en un lugar de incertidumbre", considera César Ipenza. “Si bien es cierto es un tema complejo y urgente de atender en el país, creo que ni siquiera los políticos están hablando de él”, comenta, y agrega que hay un gran descontento en la población que viene desde hace mucho tiempo.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, hay conflictos sin resolver desde hace más de 10 años, como el proyecto minero Conga, en Cajamarca. También está el proyecto minero Tía María, en Arequipa, que desde el 2009 se encuentra paralizado por temor a posibles daños ambientales, entre otros.

Proyecto Conga demandaba casi US$5,000 millones de inversión.
Proyecto Conga demandaba casi US$5,000 millones de inversión. | Fuente: Andina

La Defensoría del Pueblo también refiere conflictos laborales en La Oroya y presuntos daños a la salud por contaminación de plomo en la sangre en las comunidades de Bambamarca, Chugur, Hualgayoc, Pulan y Querocoto.

En este escenario se pueden presentar posiciones electorales extremas. Indica Ruiz Molleda que en las regiones hay un peligroso vacío de representación que no se percibe desde Lima. “Soy muy escéptico y temeroso de que esta gente ‘extrasistema’, como Antauro [Humala], tenga más éxito que estos candidatos que no conocen la realidad, y cree que Lima se acaba en Chosica”, afirma.

LA HERENCIA DEL PRÓXIMO PRESIDENTE

¿Qué recibirá el próximo presidente en el bicentenario de la independencia? Rolando Luque indica que solo desde que se inició la pandemia se han reportado nueve conflictos sociales nuevos. Incluso, pese al estado de emergencia y la inmovilidad social, se realizaron 996 protestas. “En los últimos tres años el número de conflictos sociales ha disminuido, pero también ha disminuido la capacidad de resolverlos”, precisó.

Esto podría cambiar con los efectos de la pandemia, y estimó como previsible que en las próximas semanas reaparezcan las demandas de las comunidades.

“Creo que la situación no pinta bien. Pese a la reactivación de la economía, todavía son varios millones los que no han recuperado sus empleos. La recaudación tributaria ha caído, por lo que habrá menos fondos para atender las necesidades de la población. Además de esto la inestabilidad política le ha restado eficacia y confiabilidad a la acción del gobierno central, los gobiernos regionales y locales. Se requieren nuevos consensos”, considera el vocero de la Defensoría del Pueblo.

El impacto económico del proyecto Tía María para la región de Arequipa es de S/600 millones en pago de impuestos, US$1,400 millones en inversión y 3,600 puestos de trabajo en la fase de construcción.
El impacto económico del proyecto Tía María para la región de Arequipa es de S/600 millones en pago de impuestos, US$1,400 millones en inversión y 3,600 puestos de trabajo en la fase de construcción. | Fuente: Andina

Por otro lado, toda campaña electoral trae un sinfín de promesas. No obstante, cuando se trata de conflictos sociales, estas ofertas se pueden volver peligrosas. ¿Cómo identificarlas?

José Naupari, especialista en temas electorales, señala que en el Perú no existe el mandato imperativo, es decir, que un candidato puede presentar el mejor plan de gobierno y no cumplirlo. “En ese aspecto lo que tendrían que hacer los partidos políticos es ser coherentes con su discurso de campaña”, precisa.

Además, corresponde a los ciudadanos hacer un seguimiento para el cumplimiento de las promesas electorales. Pero también los políticos deben tener una actitud hacia el diálogo.

Los candidatos deberían ir y escuchar a la gente. Deberían recoger las demandas. Los partidos son esos puentes que da el Estado. Pero van a ir dos días antes de las elecciones y ahí hay un problema: no hay un trabajo político”, cuestiona Juan Carlos Ruiz Molleda.

EL PAPEL DE LOS ELECTORES

Un actor fundamental en la campaña es el elector, que es quien finalmente da la confianza a un candidato para gobernar los próximos cinco años. Naupari considera algunos puntos que se deben tener en cuenta antes de elegir.

Evaluemos cómo han sido los votos de los partidos políticos en el Congreso, respecto a temas vinculados con minería, medio ambiente y pueblos originarios. Apuntemos qué candidatos proponen, y cuál ha sido su posición y cómo han procedido en conflictos anteriores. El tercer elemento es informarse si el candidato o la candidata tiene algún interés particular, llámese inversiones, en temas que puedan incidir en el asunto medioambiental”, sostiene.

Por su parte, Ipenza recomienda a los electores conocer cómo los candidatos piensan resolver los conflictos socioambientales, además de saber “quiénes estarán detrás o quiénes serían los responsables de implementar esas promesas, el equipo técnico que los acompaña”.

Las Elecciones Generales se realizarán el 11 de abril. Aún quedan cinco meses para escuchar a los candidatos, evaluar sus propuestas, y decidir por el presidente y los congresistas de los próximos cinco años.