En un gobierno del Frente Amplio existirá un nuevo sistema nacional público universal de pensiones. Ningún adulto mayor deberá estar excluido del acceso a una pensión.
Actualmente, tenemos un sistema perverso: más de medio millón de adultos mayores no tienen otro sustento que Pensión 65, como parte de un programa que, según el propio MIDIS, debe duplicar su cobertura para evitar que decenas de miles de adultos mayores estén en situación de extrema pobreza y abandono. Igualmente, está el clamor de miles de jubilados que perciben pensiones indignas, sean de la ONP o de las AFP. Ambos sistemas están legítimamente cuestionados.
Planteamos que, en un nuevo texto constitucional fruto de una Asamblea Constituyente, podamos recuperar el derecho a una pensión universal digna, basada en la solidaridad social. La Constitución neoliberal de 1993 condujo a la privatización de las pensiones y al debilitamiento de la ONP, y dejó en el abandono a dos tercios de peruanos que no han tenido empleos de quinta categoría. Por ello, también es preciso dar solución a los problemas de la generación de puestos de trabajo formales, la ampliación de la base tributaria, así como mejorar la recaudación en base a una política de justicia tributaria para un Perú Mejor, más justo e igualitario.
Proponemos tres tipos de pensionistas, diferenciados por su inserción como trabajadores y como consumidores en el sector formal de la economía, donde los trabajadores son una minoría y los consumidores una mayoría:
1. Una Pensión 65 universal para todos los que cumplan 65 años, sin distingo alguno, hasta su fallecimiento. El monto será el ingreso mínimo de subsistencia.
2. Una pensión para los trabajadores informales que no tienen un empleador formal o son “cuentapropistas”, destinando una fracción del IGV a una cuenta individual con su DNI, de tal modo que a los 65 años de edad tendrán un fondo propio. En caso que este fondo individual no provea ingresos de subsistencia, habrá un subsidio directo para complementarlo.
3. Una pensión para aquellos con ingresos por 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta categoría en SUNAT, que en adición al fondo individual por sus compras con IGV, tendrán una fuente adicional de depósitos en cuentas individuales, basados en los ingresos que perciben; con una meta de 75% de sus ingresos del último año como pensión.
En este esquema de cuentas individuales universales, las actuales AFP desaparecen y los fondos individuales pasan a ser administradas por el BCR, sin costos de comisiones para los aportantes, hasta que cumplan los 65 años. Cumplidos los 65 años, el fondo individual será devuelto en 20 partes iguales hasta los 85 años; cumplidos los 85 años (1% de la población) todos recibirán la pensión mínima de subsistencia.
Esta es una solución inmediata para la administración de los fondos de pensiones por parte de la institución que administra las reservas internacionales netas que son propiedad colectiva de todos los peruanos. Un esquema más sofisticado, que también debe debatirse, sería el traslado de los aportes individuales a cuentas del Banco de la Nación, cajas municipales u otra entidad pública ad-hoc.
El debate actual está centrado en los trabajadores formales de 5ta. categoría y nadie más. Aun así, ha sido colocado como si fuera el único debate del derecho a las pensiones, como si viviéramos en un país en el que solo existieran trabajadores formales. Desde el Frente Amplio, planteamos un sistema público de pensiones que incluya al 100% de peruanos que son adultos mayores, y no solo para la minoría que tiene empleo dependiente formal.
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