Patricia Mejía, candidata congresal de Acción Popular: “Es necesario que las denuncias se atiendan en corto plazo”

La candidata congresal de Acción Popular, Patricia Mejía, quien permanece con licencia en el Parlamento para poder participar en la actual campaña política, dijo desconocer el Acuerdo de Escazú, firmado por el Ejecutivo en 2018.

“No estoy muy enterada ahorita del Acuerdo de Escazú”, respondió Patricia Mejía ante la interrogante de si está a favor de su ratificación, en Ampliación de Noticias de RPP. 

“Lo que puedo decir es que como persona que hago trabajo social y veo mucha a la población cómo está viviendo y cuáles son sus problemáticas. Estoy apoyando a que se empodere la gestión y la fiscalización de la OEFA para la protección y renovación del medio ambiente. Existe un gran desconocimiento en lo que es un cambio climático y tenemos que controlar la emisión del CO2”, expresó la candidata de Acción Popular. 

SU PROPUESTA

Patricia Mejía sostuvo que de llegar al Congreso nuevamente su objetivo será la lucha contra la corrupción. “Mi propuesta bandera es la lucha contra la corrupción”, manifestó.

En esa línea, indicó que quiere dejar clara la norma que hay en el Congreso, para que las denuncias que ingresan desde el Ministerio Público contra altas autoridades se procesen en un corto plazo. 

“Mi propuesta es que estas denuncias no demoren en la atención, porque parece que el Congreso los estuviera blindado. Es necesario que se atiendan en un corto plazo, para que la población vea que se está sancionando a estas autoridades. Para eso hay que modificar el Reglamento del Congreso”, precisó la accionpopulista. 

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional firmado por 14 países de América Latina y el Caribe en 2018 respecto a protocolos para la protección del medio ambiente. Investigaciones revelan que nuestra región es la más peligrosa en el mundo para los defensores de la naturaleza y la biodiversidad.

En septiembre pasado, la Defensoría del Pueblo advirtió que cinco personas defensoras de los pueblos indígenas y del medio ambiente perdieron la vida por en nuestro país por ejercer su trabajo de protección de los recursos naturales. A nivel global, el año pasado, según Global Witness, se registró 212 asesinatos de personas defensoras de la tierra.

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