Un gobierno que logró más justicia ecológica y social, por Marco Arana

La mayor reforma por la que sería recordado mi gobierno es el cambio de rumbo para enfrentar la grave crisis sanitaria y los efectos del cambio climático con una economía ecológica, habiendo constitucionalizado el reconocimiento del Estado unitario plurinacional, con una institucionalidad democrática sólida, libre de formas de discriminación económica, racial o de género y con mecanismos eficaces para la prevención y sanción de la contaminación ambiental y la corrupción.

El Frente Amplio es el único partido político que se ha declarado como un partido ecologista, que además reivindica la centralidad de la justicia social para terminar con las exclusiones y múltiples formas de discriminación y desigualdad que, después de doscientos años de vida republicana, siguen siendo lacerantes e inaceptables.

Acudiendo al mecanismo democrático de participación ciudadana, habremos legado a las nuevas generaciones una Nueva Constitución que, a través de una Asamblea Constituyente legítima, reconoce los derechos de la naturaleza, instala definitivamente la equidad de género, erradicando la violencia contra las mujeres, así como reconoce la existencia y representación política de más de un 30% de ciudadanos que se autoidentifican como quechuas, aymaras, de pueblos amazónicos o afroperuanos, dando fin al Estado colonial discriminador y racista que actualmente tenemos. Al término de mi gobierno habremos superado el destino que quiso imponer el terrorismo y la política delincuencial de los últimos 30 años, para construir una cultura de paz entre nosotros y con la naturaleza.

Al término de mi gobierno, el Perú será modelo de una reactivación económica ecológica que deje sólidas bases para enfrentar los tiempos de cambio climático que golpearán más a nuestras futuras generaciones. Para ello, habremos reactivado la economía:

1) con la ejecución de un programa nacional de construcción de viviendas ecoeficentes, construidas en las zonas de mayor riesgo climático y con reasentamiento de las ubicadas en zonas de riesgo, con agua potable, saneamiento, electricidad e interconectividad asegurados;

2) con el logro de seguridad alimentaria: pequeños y medianos agricultores asociados con mayores niveles de productividad y producción agrícola y ganadera, competitiva y con niveles de transformación agroindustrial en base a nuestra biodiversidad;

3) con una pandemia controlada y con mejor capacidad de respuesta para futuras pandemias, al haber recuperado el derecho constitucional a la educación y la salud, fortalecido el sistema primario de salud, atendiendo también a sus determinantes sociales, cerrado al menos al 50% la brecha de construcción de hospitales y con una política y recursos financieros asegurados para que nuestra comunidad científica desarrolle investigaciones biomédicas, ambientales y en inmunología de cara a las nuevas amenazas epidemiológicas que están anunciadas;

4) con inversiones públicas y privadas fomentadas para el cambio de matriz energética de combustibles fósiles, desarrollando más nuestro potencial termoeléctrico, solar, éolico e hidroenergético;

5) con una ley para nueva minería aprobada, con recuperación de la soberanía nacional en la explotación del gas de Camisea, el yacimiento de litio/uranio de Puno y los nuevos proyectos de explotación de cobre que tienen demanda global creciente, haciendo que su explotación contribuya al desarrollo industrial sostenible y que la renta minera favorezca a todos los peruanos;

6) ciudades y centros de producción económica diversificada interconectados vialmente, con renovación del parque automotor con cero impuestos a medios de transporte limpios, incluyendo el tren eléctrico, con prioridad del transporte público limpio, así como masificación del ciclismo en las ciudades que recuperarán sus áreas verdes y espacios públicos; y por último,

7) con una reforma tributaria y del sistema de justicia realizadas. Que los que tienen grandes fortunas aporten más, se haya ampliado la presión tributaria nacional y tengamos una policía, fiscalía y poder judicial que estén libres de corrupción y hayan recuperado credibilidad y legitimidad.