El presidente Martín Vizcarra y el fiscal de la Nación podrían reunirse. | Fuente: Presidencia/Congreso

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La semana que comienza ofrece la posibilidad de terminar el año con fidelidad al nombre oficial que se dio al 2018: “Año del diálogo y la reconciliación”. Para que así sea se deben reunir tres requisitos:

1) Que la justicia haga su trabajo con total independencia de simpatías e influencias políticas, vengan de donde vengan. 2) Que el Poder Ejecutivo y el Congreso se pongan de acuerdo para sacar adelante la reforma de la Justicia y la reforma de la representación política que hemos aprobado vía referendo. 3) Que los partidos políticos hagan una tregua de sus hostilidades para facilitar reformas que dinamicen nuestra economía. Si esos tres requisitos no se cumplen, comenzaremos el próximo año con el mismo clima de confrontación que nos ha impedido consolidar nuestra democracia, contar con la confianza de los ciudadanos y lograr una tasa de crecimiento económico superior al 4%, bajo la cual no es posible crear empleos formales ni reducir la pobreza.

Los fiscales de Lava Jato

Hay señales positivas y señales negativas respecto del curso que tomará nuestra evolución política. Es negativo que la Fiscalía de la Nación se complazca en cuestionar el apoyo que la Fiscalía brasileña habría dado al equipo fiscal peruano encargado del caso Lava Jato. Es positivo que el presidente de la República haya afirmado que podría reunirse con el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, cuando se presente la oportunidad. Una señal paradójica es que tanto la abogada de Keiko FujimoriGiuliana Loza, como el fiscal que ve ese caso y el de Alan García, José Domingo Pérez hayan recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares. El hecho es tanto más sorprendente que durante años el fujimorismo repudió a la Comisión y propuso el retiro del Perú del sistema interamericano de Derechos Humanos.

Corrupción en Chiclayo

A propósito de los procesos judiciales por corrupción, la semana pasada hemos sido testigos de la actitud de Alfredo Montenegro, Concejal de Chiclayo. Montenegro reconoció ante el Juzgado que “abusó” de su mandato público para conceder licencias municipales, recibiendo sobornos y enriqueciéndose a costa de las obras públicas y la confianza de sus electores. El presunto miembro de la banda de los “Temerarios del crimen dijo que sus abogados colaborarán con la acusación fiscal porque “cuando se ha cometido errores lo primero que hay que hacer es establecer la verdad. Aunque sea duro”, concluyó entre sollozos.

El Frente Amplio y Almagro

A propósito de Derechos Humanos nos hemos referido en numerosas oportunidades a la grave situación de Venezuela, cuyo presidente no ha sido invitado a la juramentación del futuro presidente de Brasil. El Frente Amplio de Uruguay ha expulsado de sus filas al actual Secretario General de la OEA, Luis Almagro, por haber declarado que no era en principio hostil a una intervención militar para resolver la crisis que vive Venezuela. Pero también la autocracia de Nicaragua multiplica la arbitrariedad y la violencia de Estado contra los que reclaman la vigencia de los Derechos Humanos, el soporte de los cuales es la libertad de expresión.

La Comisión Interamericana ha reprobado el hostigamiento a las ONGs y a los medios de prensa independientes, es decir los que han denunciado la existencia de 674 presos políticos, ciudadanos detenidos por ejercer su derecho a la crítica. No menos de 300 personas han perdido la vida como consecuencia de la violencia política. Daniel Ortega llegó al poder por primera vez en 1979 combatiendo la dictadura y la corrupción de los Somoza. 39 años después, su régimen se parece cada vez más a la caricatura de las dictaduras latinoamericanas.

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