El presidente Martín Vizcarra anunció que someterá a referéndum la reelección de congresistas, entre otros temas. El constitucionalista Aníbal Quiroga indicó que “la Constitución no habla de ir de frente a un referéndum sin pasar por el Congreso”.
El presidente Martín Vizcarra hizo un anuncio que retumbó en el Parlamento: referéndum para la consulta en cuatro temas. Estos son la reelección de los congresistas, el financiamiento privado de los partidos políticos, la Bicameralidad y la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, explicó que el presidente ha apelado al artículo 206 de la Constitución para la reforma judicial y política. Este artículo señala que “toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum”.
Vicente Zeballos estimó que a más tardar en tres semanas el Congreso recibirá los proyectos de ley sobre estos temas para que sean debatidos y aprobados en el Parlamento. Luego, indicó, serán sometidos a referéndum.
Según el artículo 32 de la Constitución, puede ser sometidas a referéndum:
- La reforma total o parcial de la Constitución
- La aprobación de normas con rango de ley
- Las ordenanzas municipales; y
- Las materias relativas al proceso de descentralización.
El constitucionalista Aníbal Quiroga indicó que “la Constitución no habla de ir de frente a un referéndum sin pasar por el Congreso”. Por su parte, Domingo García Belaunde señaló que la iniciativa pasará a la Comisión de Constitución donde será debatido “como cualquier proyecto de ley”. Asimismo, opinó que la propuesta de referéndum del presidente Martín Vizcarra “es de impacto”, y apunta a que el Congreso debata estas iniciativas rápidamente.
Por su parte, el constitucionalista Joseph Campos señaló que si se llega aprobar la iniciativa de reforma constitucional en el Parlamento esta va a al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). De acuerdo con el constitucionalista, la iniciativa requiere la aprobación del 0.3% de la población electoral nacional (49, 785).
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