Perú cumple 100 días en confinamiento: Un recuento analizado sobre el Estado de Emergencia por la COVID-19

Este martes se cumplen 100 días desde que  comenzó el Estado de Emergencia declarado por el presidente Martín Vizcarra  debido a la propagación del nuevo coronavirus en el país. Lo que en un momento se había dispuesto como una medida de dos semanas de duración fue manteniéndose en el tiempo y adquiriendo mayores restricciones.

Hoy, sectores de la economía se están reactivando progresivamente y un fin a la cuarentena está previsto para el 1 de julio. ¿Qué hemos aprendido de nuestra propia sociedad en todo este tiempo y qué desafíos se presentan para el Estado luego de esta larga paralización? En este informe desarrollamos un análisis de lo más resaltante que nos deja la pandemia.

El crecimiento que se venía logrando antes de la COVID-19 siempre fue desigual

Aunque el Perú se ha convertido en uno de los países de Latinoamérica con más muertes por coronavirus y está entre los diez primeros a nivel mundial en casos confirmados, la salud parece ocupar un segundo plano porque la necesidad económica pesa más en la balanza de riesgos. 

Así nos lo explica Hugo Ñopo Aguilar, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). “Al cabo de cien días, ya nuestros miedos han tenido que moverse. Si originalmente teníamos miedo al virus, ahora tenemos miedo a no lograr nuestra subsistencia, a que nos quedemos sin ingresos. El miedo, que antes era contra nuestra salud, se ha desplazado al plano económico”, señala. 

Solamente en Lima Metropolitana, la paralización de actividades no esenciales que se decretó al inicio del Estado de Emergencia ha dejado en el desempleo a más de 2.3 millones de personas. De acuerdo con el Banco Mundial, al Perú le espera un duro panorama en recesión por el resto del año, lo que agudiza la pobreza y la desigualdad social. Si bien algunos sectores se mantuvieron a flote como la agricultura y el comercio de insumos alimentarios, otros como el turismo y el transporte aéreo quedaron en paro como negocio y como fuente de trabajo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) actualizados al 2018, el 68.5% del empleo total en el país es informal. Tomando esto en cuenta, el peor golpe se lo llevaron miles de personas que se dedican, por ejemplo, al comercio ambulatorio o a actividades sin contrato.

Además, las ayudas del Estado con los bonos universales no cubrieron a cada hogar. Las políticas pensadas para contener la pandemia tuvieron multiplicidad de impactos diferenciados por sector socioeconómico. En otras palabras: no todos los peruanos sufrimos la baja económica de igual manera.

Para Ñopo, estos meses han servido para visibilizar la deuda social que se ha ido arrastrando con cada gobierno. “Es como la imagen de un sótano al que nunca entrábamos y en el que, de pronto, hemos encendido la luz. Al hacerlo, nos hemos dado cuenta de cuántas cosas no estaban funcionando correctamente en el país. Eso nos lleva a reflexionar sobre el fondo de todo este orgullo sobre nuestro -entre comillas- crecimiento. Nos hemos dado cuenta de que mucho de ese crecimiento era precario e incompleto”.

El académico también indica que el Estado, en el intento por contener los impactos, evidenció sus propias falencias a nivel de gestión. Explica que, en el caso del reparto de subsidios, no se tenía un estudio preciso sobre la población que los necesitara. “La circunstancia de la pandemia nos ha enseñado que la cúpula del Estado (representada por sus ministros) puede anunciar o tener magníficos diseños, pero que quienes están a cargo de implementar todo son personas en segunda, tercera o cuarta línea. Y ahí es donde están las falencias y las debilidades. No tenemos un Estado lo suficientemente sólido ahí abajo, de cara al ciudadano. En estos años en que hemos -en teoría- crecido y mejorado, ha habido cambios sociales muy importantes, y eso va de la mano con la formación de nuevos hogares monoparentales, con jefaturas femeninas en su mayoría.  Esto es dinámico, y al no estar en los registros ni dentro de las políticas básicas de un Estado, la falta de este estudio nos ha pasado factura”. 

La brecha en la educación se acentuó con la pandemia

En este Estado de Emergencia, el sector educativo tuvo que rediseñarse a contrarreloj y se prevé que las clases virtuales se mantengan todo el resto del año. Si bien el Estado desarrolló el programa multicanal “Aprendo en Casa” y las escuelas adaptaron su currícula al sistema digital, el gran reto será garantizar la calidad y el rendimiento del año académico.

Manuel Iguiñiz Echeverría, ex viceministro de Gestión Institucional y actual profesor de Educación en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, indica que la desigualdad social ha impactado en este intento del Estado por llevar la educación digital o por medios de difusión a todo el país. Sostiene que la modalidad presencial es irremplazable y que el Estado deberá esforzarse en cerrar brechas de acceso para universalizar las nuevas dinámicas.

“Por supuesto que la pandemia y el enclaustramiento y la suspensión de la educación presencial agudizan esas desigualdades porque sabemos que, en el marco actual, no todos acceden igual o en iguales condiciones. Algunos, ni acceden realmente. Y también el acumulado cultural educativo, los aprendizajes, los conocimientos, las capacidades y las competencias permiten a unos aprovechar más que otros la oportunidad digital, dijo Iguiñiz para este texto.

El académico también precisa que, si bien el tiempo apremia y las políticas educativas no funcionan de manera equilibrada en todos los sectores socioeconómicos, el amortiguamiento ha sido el oportuno y esperable. También descarta adelantarnos a dar por perdido el año escolar. “Sabíamos de las desigualdades en la educación. Hemos perdido oportunidades, pero eso no quiere decir que no se pueda aprender o no se pueda educar. Hay que reconocer que la educación a distancia es la única alternativa ante esta interrupción del servicio escolar”.

La semana pasada, el Ministerio de Educación informó que unos 12 mil colegios estatales en zonas rurales podrían reabrir para acoger a sus estudiantes de manera dosificada. Esto, en atención a los mínimos niveles de contagio que registran sus distritos y a las limitaciones de acceso a medios de comunicación o internet. La disposición se basa en la Resolución Ministerial N° 229-2020-MINEDU y se prevé este reinicio para el 1 de julio.

La Justicia no se ha reactivado con la misma celeridad

El 27 de abril pasado, el Gobierno promulgó el Decreto Legislativo Nº 1470, que establece medidas para la atención y protección de víctimas de violencia familiar y de género. Una de las disposiciones le permite al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a enviar mensajes de texto con guías básicas para el tratamiento y la denuncia de un caso de violencia dentro del hogar.

En el caso de los penales, el 14 de abril se emitió el Decreto Legislativo Nº 1459, con el que se simplificó la norma que ya permitía la conversión automática de la pena o la salida inmediata de prisión para deudores alimentarios que hayan pagado el íntegro de sus deudas y reparaciones civiles. 

Para la abogada especialista en sistema judicial, Beatriz Ramírez Huaroto, estas dos medidas han sido útiles para el manejo tanto a nivel de denuncia por violencia de género como a nivel de prevención de contagios en penales hacinados. Sin embargo, resalta que el sistema de justicia requiere una reactivación, pues el servicio a nivel procesal en las distintas materias está prácticamente detenido. También señala que casos de violencia sexual están acumulándose sin que se garantice protección a la víctima.

“En general, los perpetradores en casos de violencia sexual se están quedando en libertad, sin prisión preventiva, y las víctimas sin atención. Entonces, ahí tenemos un problema. Hace falta pronto una reactivación de la justicia. Se está poniendo en camino un plan, pero creo que hay que cerrar listas. Si ya antes, la normalidad previa era insuficiente, lo que vamos a tener ahora, no va a dar para la carga procesal”, dijo Ramírez para este texto.

La especialista enfatiza en que el tiempo de paralización en los juzgados no ha sido aprovechado del todo para descargarlos de procesos acumulados o, al menos, reducirlos. También considera que el papel del Ministerio de la Mujer pudo haber sido mejor en la respuesta a la violencia de género con alternativas del servicio de los Centros de Emergencia Mujer. "Creo que se pudo haber usado la virtualidad y el casi nulo ingreso de casos nuevos para tratar de bajar la carga procesal. Creo que el MIMP ha hecho bien en ampliar sus servicios, pero el que los Centros de Emergencia Mujer no estén atendiendo y que se hayan convertido en equipos itinerantes de respuesta, ha dejado en la orfandad los casos. Creo que ha faltado un poco más de dinamismo".