Defensoría del Pueblo: 105 personas están contagiadas con COVID-19 en tres establecimientos psiquiátricos

La Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de Salud adoptar medidas urgentes para garantizar la prevención y la atención por COVID-19 de las personas que se encuentran en establecimientos psiquiátricos, luego de conocer que, hasta el momento, existen 41 personas internadas y 64 trabajadores con dicho diagnóstico en los tres principales establecimientos de salud mental del país: el Hospital Nacional Víctor Larco Herrera, el Hospital Nacional Hermilio Valdizán y el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi.

Los contagios en el establecimiento Larco Herrera se han producido en los pabellones N° 8 y 20, que tienen usuarios altamente dependientes con cuadros orgánicos y con retardo mental profundo y mujeres usuarias con patología reagudizada, respectivamente. En el primero de ellos, las personas con COVID-19 son 25, por lo que todo el pabellón se encuentra en aislamiento, mientras que en el segundo las personas usuarias son 10, por lo cual han sido aisladas en el segundo piso.

A la fecha solo una persona usuaria del pabellón N° 8 ha mostrado síntomas que han requerido un tratamiento especializado, por lo que ha sido referida al Hospital Nacional Santa Rosa. El resto de las personas son asintomáticas y son tratadas por los profesionales de la institución. En el caso del Hideyo Noguchi, las personas con COVID-19 han sido puestas en cuarentena, mientras que en el hospital Hermilio Valdizán, hasta el momento, han sido diagnosticadas 3 personas en el área de hospitalización.

Al respecto, la Defensoría señaló que resulta necesario reforzar las medidas para salvaguardar la salud e integridad de las personas internadas, así como del propio personal de salud. En ese sentido, es relevante y urgente que el Minsa, a través de sus órganos competentes (Dirección General de Operaciones y la Dirección de Salud Mental, entre otros), coordine acciones y medidas inmediatas que aseguren una eficaz actuación.

"Las personas con discapacidad psicosocial en situación de encierro han sido históricamente invisibilizadas y la experiencia en otros países nos demuestra que son más vulnerables al contagio en el marco de la pandemia que vivimos. Por ello, es urgente que el Minsa supervise y coordine la implementación de los protocolos y las medidas orientadas a garantizar su derecho a la integridad, a la salud y a la vida”, señaló Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

Al mismo tiempo, la Defensoría del Pueblo indicó que también es importante que se establezca una coordinación articulada de las direcciones involucradas del Minsa, con otros establecimientos de salud, con personas institucionalizadas a nivel nacional, públicos y privados, donde se hayan identificado casos con COVID-19 y donde también es necesario reforzar las medidas de prevención, pues al estar internadas corren un mayor riesgo de infección, según lo señalado por el propio ministerio.