Situación en los penales del país. | Fuente: RPP Noticias

El viceministro de Justicia, Alex Rueda, aseguró que este sector se encuentra "en un trabajo constante" para atender los casos de internos en diferentes establecimientos penitenciarios que tienen COVID-19, o que presentan los síntomas de esta enfermedad, a fin de "garantizar la vida, la integridad y la salud de estas personas".

En ese sentido, recordó que el sábado pasado el Ministerio de Justicia recibió un lote de 110 mil mascarillas reusables, además de 3 mil pruebas rápidas, que serán destinados para los internos y trabajadores de los 68 establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

"Venimos adoptando todas las medidas y haciendo todo el esfuerzo necesario para garantizar la salud de las personas privadas de libertad. Incluso la situación no solo es complicada para aquellas personas que estamos fuera, en libertad, y esta situación se agudiza en los centros penitenciarios a nivel nacional", señaló.

Rueda también mencionó que el Ministerio de Justicia, a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha tomado medidas para prevenir el contagio en las cárceles, como restringir el ingreso de paquetes, medicamentos y otros artículos. Sin embargo, reconoció que se han tenido que tomar medidas en algunos casos donde esto no se ha respetado.

"Ahí nosotros ya estamos adoptando medidas correctivas para hacer un seguimiento penal por penal y especialmente donde se presenten estos casos donde no se estén cumpliendo las disposiciones. A partir de ahora podemos hacer ese seguimiento caso a caso", destacó.

El representante del ministerio también informó que hace unos días se ha implementado la línea 1884 para recibir las quejas de los familiares de internos. El viceministro reconoció que esta situación podría no atenderse a tiempo real, "pero sí en un tiempo razonable".

Finalmente, Rueda destacó que el Gobierno está adoptando otras medidas para reducir el hacinamiento en las cárceles. Una de estas recordó, fue el decreto legislativo, publicado la semana pasada, para dejar en liberartad a los internos por deudas de pensión alimentaria que ya pagaron el monto pendiente y la reparación civil.