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por Redacción RPP
·Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, afirmó que las responsabilidades por las muertes en las protestas se determinarán en sede interna, tal como lo señala el informe de la CIDH.
Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, negó que la decisión de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales de archivar la denuncia contra la mandataria sea un blindaje. En su opinión, esto significa dar una "tranquilidad" para lo que se viene tras lo publicado por el CIDH.
"Más que blindar sirve para establecer tranquilidad en momentos donde el informe de la CIDH ha sido leido de diversas maneras, una de ellas de manera incorrecta y desproporcionada. Creo que la comisión estableció una serie de puntos importantes que sirve para presentar una situación que va a determinar que las responsabilidades se van a determinar en sede interna en primer lugar y que confía en la institucionalidad democrática peruana", sostuvo en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.
El abogado de Dina Boluarte reiteró que el Congreso no está bloqueando las investigaciones contra la mandataria. Al contrario, comentó que hay suficiente autonomía en el Ministerio Público para seguir adelante con las indagaciones y conocer las causas que derivaron en la muerte de 49 peruanos.
"Nosotros lamentamos lo ocurrido, pero lo bueno del informe (de la CIDH) es que aporta los contextos en el que se desarrollaron estas situaciones", recalcó Campos.
Archivan denuncia contra Dina Boluarte
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte y otros ministros de Estado. La iniciativa respondía a su presunta responsabilidad sobre los muertos y heridos producto de la represión policial en el marco de las protestas que exigían la renuncia de la jefa de Estado y el cierre del Parlamento.
El informe de calificación que propone declarar improcedente la Denuncia Constitucional 333 contra la mandataria fue aprobada con 11 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.
Esta iniciativa fue presentada por los legisladores Ruth Luque, Sigrid Bazán, Isabel Cortez, Edgard Reymundo y Roberto Sánchez. Además, la denuncia alcanzaba al expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo, el exministro de Defensa y actual titular de la PCM Alberto Otárola, el exministro del Interior César Cervantes y el exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello.
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