José Elice: "El juez peruano debería poner por delante la justicia antes que la forma"

El ministro del Interior, José Elice, cuestionó la demora en la presentación del pedido de prisión preventiva contra el conductor que atropelló a una fiscalizadora de la ATU en su intento de escapar de un control en la Vía de Evitamiento. En entrevista con RPP Noticias, el ministro señaló que en algunos casos se debe dejar en segundo plano los aspectos de forma.

"Todos le tenemos miedo a las formalidades, con las responsabilidades que ello implica. El juez peruano debería poner por delante la justicia antes que la forma y la ley orgánica del Poder Judicial lo dice así y también son principios que están contenidos en las leyes procesales, pero es un poco difícil este aprendizaje y otra vez hay miedo a violar reglas de forma", señaló.

Asimismo, el ministro consideró que actualmente en el país "las multas no son disuasivas" debido a que, pese a la gran cantidad de infracciones de tránsito colocadas por la Policía, estos vehículos infractores continúan circulando en las calles. En ese sentido, lamentó que actualmente la Policía y la ATU "se encuentran limitada para aplicar la ley".

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de El Agustino programó para este miércoles a las 15:00 horas la audiencia virtual de prisión preventiva contra Ricardo Bermúdez, chofer de combi que atropelló a fiscalizadora de la ATU y provocó una persecución en la Vía de Evitamiento por querer evitar su fiscalización quedó en libertad.

El fiscal provincial Fredy Sueldo Quiñones solicitó el pasado martes la prisión preventiva para el conductor de combi. Según explicó, esta demora se debió a que intentó ingresar la carpeta con el pedido un día antes, pero por "problemas técnicos" no se pudo cargar al sistema de mesa de partes virtual del Poder Judicial la documentación digitalizada.

Ante lo ocurrido, el fiscal se dirigió con el detenido a la Mesa de Partes del Juzgado de Investigación Preparatoria de El Agustino para presentar de manera presencial su solicitud de prisión preventiva. En esa dependencia, tampoco fue posible ingresar el requerimiento fiscal pues solicitaban evidencia del problema suscitado en la mesa de partes virtual de la Corte de Lima Este.

Según precisa el Ministerio Público, fue en esa gestión que venció el plazo de la detención por flagrancia contra el involucrado, por lo que se tuvo que emitir la disposición de libertad del detenido quien pasó a la condición de citado, siguiendo los procedimientos legales.

Mientras esto ocurrió, el fiscal tuvo que ordenar su inmedita liberación tras cambiar la situación jurídica del imputado a la de "citado". Asimismo, pide que el personal policial "proceda conforme a sus facultades" por tratarse de una situación en flagrancia y que se informe a Migraciones sobre la irregularidad de su situación migratoria.

En diálogo con RPP Noticias, la abogada penalista Romy Chang consideró que en casos tan evidentes como este, el Ministerio Público no debería pedir una prisión preventiva y optar por la figura del "proceso inmediato".

"El Nuevo Código Procesal Penal planteó esta figura para situaciones en las que es tan claro que el delito se ha realizado se pueden acelerar los pedidos de juicios al Poder Judicial para conseguir una condena en unos 7 días. El problema es que para esto los fiscales tienen que hacer su trabajo en 2 días para presentar su acusación y optan por la prisión preventiva para tener el plazo largo", explicó.

El caso:

El chofer fue identificado por la Policía Nacional como Alberto José Bermudez González, de 22 años y nacionalidad venezolana, quien al ser intervenido en Puente Nuevo se dio a la fuga y arrolló a Jaqueline Rosales Ramirez, de 25 años.

En un tramo de 2 kilómetros de la Vía de Evitamiento, el conductor fue perseguido por los carros del Serenazgo, la Policía y miembros de fiscalización de la ATU, provocando temor en los conductores que circulaban en dicha pista.

Tras ser reducido, Bermudez González fue dirigido a la comisaría de El Agustino, donde fue sometido a los exámenes de ley y se espera que rinda su declaración ante el fiscal de turno, para poder formalizar la denuncia en su contra. 

La combi, de placa C1Q-372, registraba un total de 61 papeles y mantiene deudas que suman S/163.478 (S/28.028 al SAT y S/135.450 a la ATU). Por ello, su estado era coactiva, es decir, con orden de captura, motivo por que el conductor se habría resistido a la intervención por parte de la ATU.

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