La norma fue oficializada este sábado con su publicación en El Peruano y deroga la Ley N° 27600 del Gobierno de Alejandro Toledo, que retiró la firma de Alberto Fujimori en virtud de haberse declarado su "permanente incapacidad moral".
El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley impulsada por el Congreso que restituye la firma del expresidente Alberto Fujimori, fallecido el año pasado, en la vigente Constitución Política, promulgada en 1993.
Se trata de la Ley N° 32265, oficializada este sábado con su publicación a través del diario oficial El Peruano, cuyo único artículo establece la derogación de la Ley 27600 "y, en consecuencia, se restituye la firma de Alberto Fujimori Fujimori [...] en el texto de la Constitución Política del Perú de 1993". La norma lleva las firmas de la jefa de Estado y del presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén.
Vale señalar que la referida ley derogada fue promulgada en diciembre de 2001 por el Gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo. La norma fue aprobada por el Congreso de aquel año, presidido por Carlos Ferrero, y suprimía la firma de Fujimori "en aplicación de la Resolución Legislativa N° 009-2000-CR, que declaró su permanente incapacidad moral y, en consecuencia, la vacancia de la Presidencia".
La resolución legislativa a la que hacía referencia data de diciembre del año 2000, cuando el Parlamento, presidido por Valentín Paniagua, dispuso declarar la permanente incapacidad moral de Alberto Fujimori para ejercer como jefe de Estado, y la vacancia de su cargo. Esto, luego de que dicho mandatario hiciera llegar al Legislativo un fax desde Tokio, Japón, en el que renunciaba a la Presidencia, en medio del escándalo de corrupción política que involucraba al Ejecutivo y al Congreso, desatado tras la difusión de los llamados 'vladivideos'.
Restitución de la firma de Fujimori fue aprobada en el Congreso
El pasado 6 de marzo, con 57 votos a favor, 25 en contra y 19 abstenciones, el Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen de la Comisión de Constitución, presidida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), que restituye la firma de Alberto Fujimori en la Constitución de 1993.
Durante la sustentación, Rospigliosi Capurro sostuvo que la propuesta "reafirma la legitimidad" de la Carta Magna vigente y busca corregir un "error histórico" que, según dijo, en base a "argumentos ideológicos" pretendió borrar el nombre y periodo presidencial en que fue promulgada la Constitución.
“Fue un intento artificial de desvincular la Constitución Política del presidente que la promulgó. Este hecho fue inédito en nuestra historia, pues siempre en nuestras constituciones se han identificado a los presidentes de las repúblicas que las promulgaron”, alegó el parlamentario fujimorista.
“Tenemos la responsabilidad de restituir la verdad histórica que debe ser entendida como un bien colectivo que ayuda a las sociedades, a la construcción de su identidad nacional y contribuye a una convivencia más sólida”, agregó.
A su vez, su colega de bancada, Alejandro Aguinaga, quien fue ministro de Salud de Alberto Fujimori, respaldó la propuesta indicando que “con una ley sacaron la firma del presidente de la Constitución de 1993, que ha permitido el crecimiento del país por más de 20 años”.
El último mes de enero, con 17 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, la Comisión Permanente aprobó, en primera votación, el referido dictamen. En aquella ocasión, el congresista Rospigliosi sostuvo que la restitución de la firma "no busca reivindicar a una figura en particular, no es un ensalzamiento personalista de Alberto Fujimori, sino es muestra de nuestro un compromiso con la lealtad histórica y construir una verdadera reconciliación basada en la objetividad”.
“Dentro de nuestro ordenamiento constitucional, el acto de promulgación permite al ciudadano conocer no solo el contenido de la norma, sino también la fecha de publicación y los nombres del presidente del Congreso que firmó la autógrafa y del presidente de la república que la promulgó”, agregó, resaltando que se trataba de un "compromiso con la verdad".
La Constitución de 1993 fue promulgada por un congreso constituyente elegido en elecciones convocadas por Alberto Fujimori, luego del autogolpe de Estado que dio en 1992, mediante el cual disolvió el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público y las garantías constitucionales, poniendo fin a 12 años de continuidad democrática desde la dictadura militar.

Fernando Rospigliosi, como presidente de la Comisión de Constitución, sustentó el dictamen de restitución de la firma de Fujimori en la Carta Magna.Fuente: Congreso de la República
Cabe resaltar que Fujimori Fujimori fue sentenciado, en 2009, a 25 años de prisión tras determinar que fue autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado en las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia.
"Este tribunal declara que los cuatro cargos se encuentran probados más allá de toda duda razonable, y la sentencia es condenatoria", indicó el juez César San Martín, quien lideró aquel proceso judicial.
El mismo tribunal estableció que luego del autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos asumieron el control total de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
"¿Está probado que el acusado Alberto Fujimori, como jefe supremo de las FF.AA y la PNP ejerció potestades político militares y potestades militares efectivas, evidenciando mando y comando máximo sobre las fuerzas del orden, tanto a nivel político estratégico, como táctico y operativo? Sí lo está", dice la sentencia.
Además de ser hallado autor mediato de homicidio calificado, Fujimori recibió sentencias condenatorias por usurpación de funciones, peculado y falsedad ideológica, delitos de corrupción y espionaje, y el caso Diarios Chicha.
Finalmente, el exmandatario salió en libertad en diciembre de 2023, luego de que el Tribunal Constitucional dispusiera su "inmediata libertad", tras declarar fundado un recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo de 2022, en la que se falló a favor de su liberación, como consecuencia de un polémico indulto presidencial otorgado por Pedro Pablo Kuczynski en 2017.
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