Caso Cisneros: ¿Cuáles son los presuntos delitos por los que se investigará a Vizcarra al finalizar su gobierno?

Las pruebas recogidas en Palacio de Gobierno, los testimonios de aspirantes a colaborador eficaz y las pericias realizadas indicarían que el presidente Martín Vizcarra habría cometido presuntamente los delitos de tráfico de influencias agravado y obstrucción a la justicia con el fin de favorecer con un puesto laboral en el Ministerio de Cultura al cantante Richard Cisneros, así lo suscribió la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en el informe 109-2020 del caso que confirma la investigación preliminar al presidente de la República una vez culminado su gobierno.

Al presidente Vizcarra se le atribuye haber ejercido influencias sobre Patricia Balbuena, cuando era ministra de Cultura en el 2018, con el fin de que se le asigne un puesto laboral a Richard Cisneros en la institución. Este encargo habría sido ejecutado a través de la ex secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales.

Otro hecho atribuido a Vizcarra, es haber influido en Mirian Morales y Karem Roca para que presten declaraciones no ajustadas a la realidad de los hechos -cuando ambas tenían condición de testigos- sobre todas las veces que Richard Cisneros ingresó a Palacio de Gobierno. “Acción ilícita que habría realizado el mandatario valiéndose de la posición de subordinación que las testigos citadas tenían ante él” se detalla en el informe fiscal.

Investigación postergada

Se lee en el informe fiscal que la apertura de una investigación en contra del presidente Martín Vizcarra implicará que necesariamente tenga que prestar su atención a defenderse tanto en la instancia prejurisdiccional y eventualmente en un proceso parlamentario, lo cual puede repercutir negativamente en el cumplimiento de los encargos más altos que la Constitución Política ha establecido. Como antecedentes de este criterio, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, cita a los ex fiscales de la Nación Adelaida Bolívar, Gladyz Echaíz, José Peláez y Pablo Sánchez. “En todos los casos los fiscales decidieron no iniciar investigación preliminar y como consecuencia archivar los actuados”

No existen antecedentes en el que la Fiscalía de la Nación haya iniciado una investigación penal contra un presidente de la República en ejercicio, por hechos cometidos durante su periodo presidencial. Sin embargo, sí existen casos en que los presidentes tienen investigaciones pendientes por hechos comentidos antes de asumir la presidencia. “En el caso del presidente Martín Vizcarra se trata de una situación sin precedentes desde la vigencia de la actual Constitución Política y sobre la que este despacho tiene que tomar una decisión que compatibilice las disposiciones constitucionales en los hechos concretos”, considera el Ministerio Público. 

Patricia Balbuena también será investigada

El proceso a cargo de la fiscal de la Nación, incluye también a la ex ministra de Cultura, Patricia Balbuena, quien será investigada preliminarmente por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión agravada o alternativamente negociación incompatible u otros que se determinen en el curso del proceso en agravio del Estado, la cual ha sido declarada como compleja y cuyo tiempo de duración será de 8 meses, según se lee en el informe.

A la ex ministra de Cultura se le atribuye que luego de coordinar con Mirian Morales, a pedido del presidente Vizcarra, usó su cargo para conseguirle un puesto a Cisneros. Para ello habría coordinado con el secretario general del ministerio, Jorge Apoloni, a fin de que se buscara la forma de encontrar un puesto de trabajo para el cantante. El hecho se materializó al haberse creado una necesidad de servicio no justificada a favor de Cisneros, direccionando el puesto según su curriculum vitae. Tras estas coordinaciones Cisneros habría logrado ser irregularmente favorecido con contratos que suman 42 mil soles.

Luego de que Balbuena dejara el cargo de ministra en el 2018, fue designada como consultora de la secretaría general del Despacho Presidencial; luego asumió la jefatura de la oficina de cumplimiento de gobierno e innovación sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros hasta el 4 de octubre del 2019. En esta fecha fue nombrada como viceministra de prestaciones sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Finalmente, el 18 de agosto del 2020 se aceptó su renuncia. 

Para el Ministerio Público estos “sucesivos nombramientos evidenciarían que Balbuena habría tenido la expectativa de seguir ejerciendo funciones en el Poder Ejecutivo, lo que en efecto ocurrió con sus designaciones en cargos de confianza, se lee en el documento”.