Silvia Pessah reconoció que su sector maneja alternativas para enfrentar los casos de corrupción que aquejan a esta institución. También alertó las consecuencias negativas de la 'ley Mulder' en la difusión de las campañas de salud.
La ministra de Salud, Silvia Pessah, reconoció que su sector evalúa declarar en emergencia el Seguro Integral de Salud (SIS) por las denuncias de corrupción. Entre otras alternativas que se manejan, agregó, se encuentra la reestructuración total de este organismo público en los próximos dos meses.
En entrevista con el diario Gestión, la ministra descartó que la posibilidad de un rescate financiero dentro de estas alternativas. Según dijo, buscarán garantizar el correcto uso del dinero que se destina para cada paciente. "Ese es un punto de quiebre y en eso estamos trabajando intensamente", dijo.
La ministra mencionó que actualmente cuentan con 17 millones de personas que se atienden en el SIS pese a que se realizó una limpieza de la base de datos. Para Pessah, esto se debe a que al mismo tiempo que esto ocurre, se agregan afiliados. "El SIS cubre a menores de cinco años y ancianos de Pensión 65, gestantes, incluso los presos tienen acceso al SIS, también personal de tropa de las Fuerzas Armadas, personas con discapacidad severa", detalló.
Sobre las denuncias de corrupción conocidas en el SIS, la ministra recordó que se trata de un caso del 2014 por el que ya se había denunciado ante la Procuraduría a jefes y otros funcionarios implicados en este tema. También precisó que empresas privadas están implicadas y forman parte de las investigaciones que pronto se darán a conocer.
Al respecto, hace algunas semanas el SIS implementó medidas en la lucha contra la corrupción, como la posibilidad de que los denunciantes y/o testigos de actos ilícitos gocen de protección jurídica que permita proteger su identidad y tendrán garantizados sus derechos laborales.
"La corrupción no solo se está dando en servicios, sino en la prestación de servicios en sí o en cosas tan sencillas como que se hagan recetas para que se vaya a farmacias y no para que lo reciban por el SIS, o corrupción en contratos para los cargos, etc.", explicó.
Sobre este tema, la ministra destacó la importancia de contar con "denuncias con nombres y apellidos". "Una denuncia anónima solo puede a ayudar a tirar el hilo de la madeja, pero no te permite hacer las cosas como corresponde", resaltó.
Efectos negativos de la ley de publicidad estatal
En otro momento de la entrevista con el diario Gestión, la ministra reconoció que su sector se ha visto seriamente afectado con la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. Según dijo, las campañas están llegando a 2 millones de personas, mientras que antes se llegaba a picos de 15 millones.
La ministra comentó que incluso se ha tenido que retomar a la estrategia de visitar casa por casa para informar sobre las campañas del sector, principalmente las de vacunación. Agregó que también están "explotando al máximo" las redes y que los gobiernos regionales están sacando sus propios videos para apoyarlos en la difusión.
"Por ejemplo, en el caso de la vacunación siempre hacíamos campañas a través de los medios y eso ahora no lo tenemos y es realmente dramático cómo estamos haciendo las cosas. Estamos usando panfletos, nos estamos poniendo más creativos, hemos retrocedido porque estamos dando solo una parte del mensaje. Somos los más afectados porque tenemos todos los determinantes sociales que sí requieren información", destacó.
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