La ministra dijo que este dispositivo busca ejercer el principio de autoridad del Estado para cumplir con los derechos de los trabajadores. | Fuente: Ministerio de Trabajo

El Consejo de Ministros aprobó este viernes un decreto de urgencia que dispone el cierre temporal de aquellos centros de labores donde se hayan producido accidentes de trabajo con consecuencias fatales.

Así lo confirmó la ministra de trabajo Sylvia Cáceres, quien precisó que este dispositivo contempla medidas “muy específicas”, con la finalidad de ejercer el principio de autoridad del Estado, a fin de que se cumplan los derechos de trabajadores con “sanciones más drásticas” y no solo por medio de multas.

"Creemos que este es un paso adelante para reforzar la capacidad disuasiva que la inspección de trabajo tiene que ejercer para que el empleador que incumpla deliberada e irresponsablemente sus obligaciones no afecte la salud de sus empleados", manifestó.

Seguro de vida desde el primer día

Tras la sesión del Gabinete Ministerial, la ministra explicó que un segundo componente de este decreto de urgencia permitirá que los trabajadores accedan al denominado seguro vida ley desde el primer día de contrato de trabajo y ya no desde el cuarto año.

"Esto marca un hito en el país, hoy en día alrededor de 600,000 trabajadores están cubiertos con este seguro (...) que le cubre de la contingencia de la muerte o accidente laboral con pagos que tienen carácter reparativo para efectos de contrarrestar la pérdida de su salud o la vida", sostuvo.

Sobre condición del tipo penal

También comentó que el decreto de urgencia contempla retirar la condición del tipo penal relativo al atentado contra la seguridad y salud de los trabajadores, que establecía como requisito o condición para la sanción, que el establecimiento haya sido previamente notificado por la autoridad de inspección de trabajo.

"Esto se realizaba con la finalidad de impulsar la acción penal, allí donde se hubiese producido un accidente de trabajo, ahora, este requisito ha sido modificado", afirmó.

Por último, destacó la dotación de recursos de hasta 43 millones de soles para fortalecer las responsabilidades que tiene la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), para, de esta manera, desarrollar acciones preventivas para imponer sanciones. Andina

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