¿Es oportuno que el Congreso vea la acusación por traición a la Patria contra Pedro Castillo antes de llegada de la OEA?

A ocho días de la llegada al país de la misión diplomática de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el analista político Darío Pedraglio, del portal 50 + 1, consideró que no fue oportuno que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobara el informe final que recomienda acusar al presidente Pedro Castillo por el presunto delito de traición a la Patria.

En La Rotativa del Aire, Pedraglio estimó que probablemente el Gobierno de Pedro Castillo utilizará la denuncia por traición a la Patria para sustentar las acusaciones de obstrucción por parte del Congreso ante la delegación de la OEA, tal como lo adelantó ayer el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas.

“El presidente y el Gobierno vienen construyendo una narrativa de victimización y de confrontación con el Congreso y algunos otros entes, como la prensa. Lo que está haciendo ahora el Congreso, en su intención de remover al presidente, es abrirle más esa puerta”, declaró.

Así, el politólogo indicó que Castillo Terrones podría decir que mientras él quiere “trabajar” por el país, el Parlamento se ha ensañado en querer destituirlo con la figura jurídica de traición a la patria por haber confesado -en una entrevista a CNN- que, antes de ser candidato presidencial, en un evento realizado en Bolivia se mostró a favor de que el país altiplánico tenga una salida al mar.

Ministros como Félix Chero, quien encabeza la cartera de Justicia y Derechos Humanos, han calificado a los congresistas como “ignorantes jurídicos” al descartar que Castillo Terrones haya incurrido en el delito de traición a la patria.

“El presidente puede decir: ‘Yo quiero trabajar y desde el Congreso lo único que les interesa es sacarme’. Creo que se pudo haber medido no solo la acusación [constitucional], sino el momento en el que se hacía, porque ad portas de que venga la OEA; quizá no era el momento más oportuno”, sentenció Pedraglio.

Así será el proceso tras la aprobación del informe final

En entrevista con RPP Noticias, el abogado constitucionalista Heber Campos detalló cuáles serán los pasos a seguir tras la aprobación del informe por parte de la subcomisión que preside Lady Camones, expresidenta del Congreso.

El especialista explicó que, según establece el artículo 89 del Reglamento del Parlamento, corresponde que la Comisión Permanente se pronuncie y, posteriormente, ratifique la decisión de la SAC.

De ser aprobado el documento, la comisión nombrará a una subcomisión acusadora conformada por uno o más integrantes de la SAC para que sustente la acusación constitucional ante el Pleno del Congreso.

“Lo que corresponde ahora es que la Comisión Permanente se pronuncie. La Comisión Permanente tiene la competencia de rectificar el criterio de la SAC o confirmarlo, si es que ocurriera esto último, se tendrá que designar una suerte de grupo que va a sustentar la acusación constitucional ante el Pleno del Congreso”, indicó Campos.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, una vez que se apruebe la acusación por la Comisión Permanente, el Consejo Directivo deberá decidir fecha y hora, así como las reglas que se aplicarán para el debate de la acusación constitucional.

Votación del Pleno

Luego de la presentación del informe final y la sustentación de la acusación constitucional por parte de la subcomisión acusadora, el Pleno del Congreso vota para definir “si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación”.

Heber Campos indicó que la sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional, en un juicio político, requiere el voto de 2/3 del número de miembros del Congreso. Quedan excluidos de esta votación los integrantes de la Comisión Permanente.

“Para aprobar el juicio político, es decir la inhabilitación, se requiere una votación de dos tercios del número legal sin contar a la Permanente; equivale a 66 congresistas en una curul de cien”, precisó.

Para este caso, la aplicación de la sanción impuesta por el Congreso es inmediata, por lo que Castillo Terrones sería relevado por su vicepresidenta Dina Boluarte. Posteriormente, el expediente con la acusación constitucional sería enviado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que proceda conforme a sus atribuciones.