¿Por qué se investiga a Pedro Castillo? Estos son los detalles de los casos que sigue la Fiscal de la Nación

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por presuntos delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe).

Es la segunda vez que un Fiscal de la Nación abre investigación a un presidente de la República en ejercicio. El antecedente fue en octubre de 2020, cuando Zoraida Ávalos abrió investigación al entonces presidente Martín Vizcarra por el caso Richard Swing.

El Ministerio Público informó, sin embargo, que los actos de la investigación abierta al Presidente Pedro Castillo quedarán suspendidos hasta la culminación de su mandato presidencial, pues tiene inmunidad. 

"Esta es una investigación por tráfico de influencias, entre otras cosas, entonces no está en el grupo de delitos por los que se puede investigar de manera inmediata al presidente de la República. Lo que hacen es habilitar una investigación por parte del Ministerio Público a cargo de la Fiscal de la Nación, y se lleva a cabo solamente la primera etapa de la investigación penal. Luego de eso se tiene que esperar a que [el presidente] acabe su mandato", precisó el abogado constitucionalista Joseph Campos.

En ese sentido, el fiscal adjunto supremo Ramiro González Rodríguez recalcó que el presidente de la República tiene un procedimiento especial, debido a su inmunidad. "La Fiscalía puede iniciar investigación preliminar, pero estos actos no son para acusar. Es para ver si se denuncia o no constitucionalmente. Terminada la investigación preliminar no se podría hacer la acusación común [hasta el final de su mandato]".

En concreto, el Ministerio Público ha abierto dos investigaciones que incluyen tres casos. A continuación repasamos cuáles los detalles de cada uno.

Las licitaciones con el Estado

La investigación del Ministerio Público se inicia a raíz de las visitas a Palacio de Gobierno y a la casa del pasaje Sarratea en Breña de la empresaria Karelim López y el empresario Samir Abudayeh; y el posterior cierre de licitaciones en Provías Descentralizado por el proyecto del Puente Tarata III (San Martín) y por el abastecimiento de Biodiesel B100 a Petroperú en el periodo enero-abril 2022.

Así, al presidente Pedro Castillo se le atribuye haber intervenido "indebida e indirectamente" en el proceso de licitación pública para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (a través de Provías Descentralizado) otorgue la buena pro a favor del Consorcio Puente Tarata III. 

Para tal efecto —sostiene la Fiscalía— habría contado con la participación de la empresaria Karelim Arredondo, asesora de una de las empresas del consorcio, de quien se presume realizó gestiones ante el presidente de la República para favorecer la adjudicación del mencionado proyecto por 232.5 millones de soles.

Por otro lado, el nombre de Karelim López también se relaciona con el proceso para la adquisición de Biodiesel B100 en el mercado local para el periodo enero-abril 2022. De acuerdo con el Ministerio Público, al Jefe de Estado se le atribuye haber intervenido "indebida e indirectamente" en esta licitación, con la finalidad de que la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por el empresario Samir Abudayeh. El contrato con esta empresa fue por la suma de 74 millones de dólares.

En este caso son relevantes las visitas a Palacio de Gobierno de Karelim López. El 18 de octubre la empresaria registró su ingreso al lugar, en el mismo día y hora que el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, y que el proveedor de biodiesel Samir Abudayeh. La orden de servicio para la compra de biodiesel emitida por Petroperú se emitió tres días después, el 21 de octubre.

La presunta injerencia en ascensos militares

Esta otra investigación preliminar se le abrió al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal, pues se le atribuye injerencia en ascensos militares.

Como se recuerda, el Excomandante General del Ejército José Vizcarra Álvarez denunció que el presidente y su secretario le pidieron ascender a dos coroneles. El General de División precisó que las presiones se habían realizado a través del entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, y luego de parte del exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco. "Yo sí recibí algunos pedidos, que me hicieron conocer antes del proceso. A través del secretario Bruno Pacheco y el ministro de Defensa y los mensajes de a través del Edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados", manifestó.

Luego el exministro Walter Ayala negó haber ordenado estos ascensos, asegurando que solo solicitaba información al respecto (se presentaron chats de WhatsApp como prueba de la acusación). Días después anunció su renuncia irrevocable al cargo, pero su renuncia recién fue aceptada días después por el presidente.

Cabe resaltar que el presidente al Pedro Castillo ya se le había solicitado su declaración en este caso, pero como testigo. Sin embargo, ahora la investigación preliminar lo implica directamente. Precisamente, el fiscal Ramiro González Rodríguez, quien tomó esta declaración al mandatario, dijo que esta no era coherente. "La declaración [del general Vizcarra] y otros hechos recogidos hacen ver que [la versión de Pedro Castillo] no sería una explicación válida", dijo en RPP Noticias.