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Alejandro Toledo: PJ rechaza pedido de prisión preventiva por "defectos" de la Fiscalía en su planteamiento

El juez Richard Concepción Carhuancho tampoco admitió la variación de comparecencia simple por prisión preventiva, solicitada por el Ministerio Público, debido a que "son instituciones jurídicas diferentes".

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Judiciales

En 2022, la Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente por el caso Carretera Interoceánica

En 2022, la Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente por el caso Carretera Interoceánica | Fuente: RPP Noticias

El Poder Judicial rechazó el pedido de la Fiscalía para variar la medida de comparecencia simple por prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso Odebrecht. La decisión del juez Richard Concepción Carhuancho se debió a "defectos de la Fiscalía en su planteamiento".

El magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional indicó que la prisión preventiva, así como la variación de la comparecencia simple por esa medida, "son instituciones jurídicas diferentes" que "exigen requisitos y trámites distintos"; por lo que "no pueden subsanarse con un escrito de corrección o aclaración".

Sin embargo, pese a la decisión, el juez "dejó a salvo" el derecho de la Fiscalía para "presentar un nuevo pedido, desarrollando los requisitos de la medida para cada uno de los procesados, a fin de garantizar el derecho a la defensa".

Finalmente, el Poder Judicial indicó que "en el requerimiento inicial del Ministerio Público también están comprendidos Marcos de Moura Wanderley y Avraham Dan On, investigados también por lavado de activos y colusión".

Las investigaciones que afronta el expresidente

El otrora líder de Perú Posible y expresidente de la República durante el 2001 y 2006 enfrenta dos órdenes de captura por supuestamente recibir un soborno de hasta US$31 millones de la constructora brasileña Odebrecht y por un presunto lavado de activos, en el caso conocido como 'Ecoteva'.

Todas las investigaciones iniciaron en el 2013 precisamente por 'Ecoteva'. Un reporte periodístico reveló que Eva Fernenburg, suegra del exmandatario, compró una propiedad valorizada en 3,8 millones de dólares en la urbanización Las Casuarinas y luego esta empresa adquirió una oficina en el Edificio Omega valorizada en 882 000 dólares, ambos en el distrito de Surco.

La empresa Ecoteva también canceló las hipotecas de la casa de Alejandro Toledo en la urbanización Camacho, por 217 000 dólares y de Punta Sal por 277 000 dólares. Alejandro Toledo aseguró en aquel entonces que el dinero era de su suegra porque ella recibió una indemnización en su condición de víctima de holocausto de la Segunda Guerra Mundial.

Toledo también afirmó que recibió un préstamo de su amigo Joseff Maiman para estos pagos. Es por ello que el Ministerio Público abrió un proceso contra todos los implicados.

En 2017, Toledo viajó a Estados Unidos luego de su fallida candidatura presidencial un año antes y desde ese entonces no volvió más al Perú. En diciembre del 2016 se pone al descubierto que en el caso Lava Jato, Jorge Barata y Marcelo Odebrecht empezaron a confesar los sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht para conseguir licitaciones de obras en nuestro país.

Ambos empresarios señalaron que Alejandro Toledo recibió pagos durante su gestión como mandatario. Ante esta situación, Fiscalía le acusó de haber favorecido a la empresa Odebrecht en la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, y a la empresa Camargo Correa en el tramo 4 de la misma vía, a cambio de coimas que habrían sido entregadas a través del empresario israelí Josef Maiman.

Según la Fiscalía, ese dinero habría servido para constituir en Costa Rica empresas offshore, entre las cuales figura la fundación de Ecoteva Consulting Group, que tenía como propietaria a Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp.

El juez Concepción Carhuancho dispuso en el 2017 la prisión preventiva por el plazo 18 meses contra Toledo, a solicitud del Ministerio Público por el caso Ecoteva. También se ordenó su captura a nivel nacional e internacional y pese a que se conocía su estancia en Estados Unidos, no podía ser detenido hasta que el gobierno peruano no presentara el cuaderno de extradición.

En 2022, la Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva esta vez como parte del proceso penal que se le sigue por el caso de la licitación del tramo cuatro de la Carretera Interoceánica.


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