Fiscal de lavado de activos reveló la importancia de tomar la declaración de Segundo Crisanto Pulanche como prueba anticipada debido a que le ofrecieron "distintas cantidades" para que cambie su versión y afirme que aportó dinero para la campaña de Fuerza 2011.
El fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, explicó que la decisión de la Fiscalía de pedir la toma de declaración como prueba anticipada del testigo Segundo Crisanto Pulanche sobre los aportes a la campaña electoral del partido Fuerza 2011 se debe a que una interceptación telefónica legal reveló que le ofrecieron "distintas cantidades" para que cambie su versión y acepte haber aportado dinero a esta agrupación política.
"Es un testigo por el cual la Fiscalía solicitó la actuación anticipada de su declaración como prueba anticipada porque hay el riesgo de que varíe, modifique o no declare en un próximo juzgamiento porque se había determinado a través de medidas de interceptación legal que estaba siendo víctima de ofrecimiento de dinero", señaló.
El fiscal señaló que el peligro sobre un probable cambio de versión fue expuesto al juez a fin de que autorice la toma de declaración. Asimismo, precisó que esta prueba anticipada se utilizará en el juicio que se le sigue a esta agrupación popular por el presunto delito de lavado de activos en el marco de los aportes que recibió para su campaña del año 2011.
"La Fiscalía se está viendo obligada a solicitarle al juez que ese testigo, probablemente, de ir a juicio oral va a variar su versión porque le están ofreciendo algún tipo de dinero o beneficio indebido para que cambie, modifique o no declare en un próximo juicio oral", reiteró.
José Domingo Pérez cuestionó que los abogados de todas las personas investigadas no asistieran a la audiencia. No obstante, debido a que l audiencia es inaplazable, el juez se vio en la obligación de asignar una defensa pública para cautelar el derecho de la parte imputada.
"Es desconcertante que, prácticamente toda la defensa, no haya asistido a la audiencia y que el juez se ha visto en la obligación de convocar a la defensa pública para garantizar los derechos de las personas que están siendo investigadas", indicó.
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