El jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público señaló que el pronunciamiento que brindó la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, está vinculado a presuntos actos que podrían constituir infracciones disciplinarias para el fiscal en cuestión.
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público remitió un oficio a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, respecto del pronunciamiento que emitió en conjunto con los miembros de la Sala Plena de la Corte Suprema por actos de intimidación y presión a dicho organismo, de parte de un fiscal superior.
El documento suscrito por Antonio Jerí, jefe nacional de la Autoridad, considera que el pronunciamiento emitido por la Sala Plena de la Corte Suprema está vinculado a presuntos actos que podrían constituir infracciones disciplinarias para el fiscal en cuestión, por lo que pidió a la titular del Poder Judicial identificarlo.
“Solicito a su honorable Despacho tenga a bien comunicar a esta Jefatura los hechos acontecidos relacionados con el “funcionario del Ministerio Público” al que se hace referencia, solicitando, además, identificar a dicha persona”, señala en el oficio el jefe nacional de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
Según precisó, la Autoridad tiene a su cargo el control funcional de los fiscales de todos los niveles y del personal de función fiscal del Ministerio Público, con excepción de los fiscales supremos, quienes están bajo la competencia exclusiva de la Junta Nacional de Justicia.
Pronunciamiento de la Corte Suprema
En vísperas, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, brindó un pronunciamiento junto con los miembros de la Sala de la Corte Suprema para rechazar “actos de intimidación” por parte de un funcionario del Ministerio Público, aunque sin identificarlo.
“Ante la inminente visita de la OEA hacemos presente nuestra posición institucional de independencia judicial y rechazamos cualquier acto de intimidación, presión por parte de un funcionario del Ministerio Público. En pocos días un grupo de jueces va a pasar por un proceso de ratificación y esperamos que este corresponda a los cánones de justicia y equidad ajenos a cualquier otro interés que no sea el del Poder Judicial”, sostuvo la presidenta del PJ en su discurso.
Luego, la Corte Suprema de Justicia amplió este pronunciamiento y señalaron que el funcionario del Ministerio Público al que la titular del Poder Judicial hizo mención es un fiscal superior. Según explicaron, este magistrado habría desplegado una “insistente campaña mediática”, con el fin de apartar a un juez supremo del conocimiento de una causa en casación.
Si bien no brindaron detalles sobre la identidad de este fiscal superior, la Corte Suprema señala en su comunicado que este, además, habría presentado una queja funcional contra el juez supremo, pese a que ya existe un procedimiento de inhibición que aún no ha sido resuelto por el órgano jurisdiccional competente. En esa línea, cuestionaron la ética profesional de esta persona y exigieron respeto por la independencia judicial.
“La Corte Suprema de Justicia no puede guardar silencio ante tamaño despropósito y exige el pleno respeto de la independencia judicial, así como reafirma que los jueces deben decidir las causas centrándose en el solo interés de la ley y rechazar, sin amedrentarse, por impropios los medios de presión extraprocesales”, señalaron.
Declaraciones de Rafael Vela
El pronunciamiento de la Corte Suprema hace referencia al fiscal superior Rafael Vela, quien durante la mañana del último martes señaló en Exitosa que el juez supremo César San Martín ha presentado un "comportamiento inusual", pues no quiso inhibirse de una casación interpuesta por la defensa legal de Nadine Heredia, pese a que en el pasado siempre se inhibió de todos los casos vinculados a la exprimera dama o su esposo, el expresidente Ollanta Humala.
Ante esta situación, el fiscal indicó que procedió a presentar un informe a la Fiscalía Suprema, a cargo del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, así como a la Junta Nacional de Justicia, debido a que este comportamiento podría afectar el desarrollo del caso. Según explicó, el juez supremo también tendría un conflicto de intereses en el caso Gasoducto Sur, debido a que un abogado que lo representó ahora es defensa de una de las empresas comprendida en este proceso.
Asimismo, negó que busquen que no se ratifique en su cargo al juez supremo y que el informe remitido al fiscal supremo Pablo Sánchez responde al comportamiento que ha tenido dicho magistrado en lo referido al caso de los Humala. En ese sentido, consideró que César San Martín debería inhibirse de este caso por “decoro”, para así garantizar su transparencia.
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