Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para el hermano del exministro Carlos Paredes

La jueza María Álvarez Camacho, de la Corte Especializada en Corrupción de Funcionarios, dictó 18 meses de prisión preventiva para José Paredes Rodríguez, hermano de exministro Carlos Paredes, como parte de la investigación por el caso 'Club de la Construcción'.

Por este mismo caso el pasado lunes el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema dictó ocho meses de impedimento de salida del país contra el exministro Carlos Paredes Rodríguez, investigado por delitos contra la administración pública, comisión y cohecho.

A inicios de este año dos colaboradores eficaces del caso Lava Jato revelaron que el exministro de Transportes Carlos Paredes habría permitido que el llamado 'Club de la Construcción' opere durante la gestión del expresidente Ollanta Humala.

En diálogo con RPP Noticias, la periodista Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación del diario El Comercio, informó que, según el colaborador eficaz, el llamado 'Club de la Construcción' habría pagado 17 millones de dólares al exministro a través de su hermano.

Según comentó, en sus declaraciones ante el fiscal Germán Juárez Atoche los dos colabores eficaces "involucraron directamente" al exministro Carlos Paredes y lo acusaron de recibir este millonario monto a través de 20 pagos a cambio a ayudar al 'Club de la Construcción' a ganar licitaciones durante el gobierno de Ollanta Humala.

"Ambos colaboradores señalan que, a través de su hermano José Guillermo, recibe dinero a cambio de que él (Carlos Paredes) coadyuvara a esta organización a ganar licitaciones de manera concertada y a cambio pagar un porcentaje de 3% (al inicio iba a ser 5%)", detalló.

Sobre el 'Club de la Construcción'

Según el Ministerio Público, "el 'Club de la Construcción' estaba conformado por constructoras peruanas y extranjeras que en lugar de competir entre sí, se coludían para repartirse obras que convocaba a licitación el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías".

Entre los años 2011 y 2014 estas personas habrían buscado determinar qué empresas se beneficiarían con la adjudicación de la buena pro de las licitaciones y concursos públicos convocados por Provías Nacional, con lo que limitaron la participación de otras compañías. 

Estos actos habrían impedido que Provías Nacional contrate a otros postores. Se presume que a cambio los investigados habrían recibido una comisión ilícita (directa, en efectivo, transferencias bancarias, contraprestaciones), equivalente al 3 % del costo directo de las obras.