Procuraduría incorporó a 12 personas empresas como terceros civiles responsables

La Procuraduría Ad Hoc al caso Lava Jato fijó de manera preliminar el monto de S/64 millones como reparación civil para este caso. Este monto incrementará con el avance de las investigaciones.

Según la resolución, ante una eventual condena, las empresas mencionadas deberán asumir el pago de la reparación civil de forma solidaria junto con los investigados. | Fuente: Ecuavisa

El Poder Judicial declaró este jueves fundada la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato para incorporar como terceros civiles responsables a doce empresas en la investigación al denominado ‘Club de la construcción’.

Según la resolución emitida por la jueza María de los Ángeles Álvarez, las empresas consideradas como terceros civiles responsables son Cosapi, GyM, Obraínsa, ICCGSA, Hidalgo e Hidalgo S.A., Constructora Málaga Hnos. S.A., Johe S.A., Constructora OAS; Queiroz Galvao, Andrade Gutiérrez, y Mota Engil Perú.

Reparación civil

De acuerdo con la Procuraduría, ante una eventual condena, las empresas mencionadas deberán asumir el pago de la reparación civil de forma solidaria junto con los investigados.

Este pronunciamiento judicial desestimó la solicitud para incluir en este grupo a las San Martín Contratistas Generales S.A. y Grupo Plaza S.A., ante lo cual la Procuraduría anunció que apelará.

Investigación

Las investigaciones del Ministerio Público sostienen que entre 2011 y 2014, representantes de las empresas mencionadas habrían concertado distribuirse obras públicas.

Esa información era comunicada a Rodolfo Prialé, quien trasladaba los acuerdos a Carlos García Alcázar, entonces asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Representantes de las empresas que finalmente resultaban beneficiadas con la buena pro de la obra habrían pagado a Prialé el 2.92% del valor referencial de cada proyecto.

Acción de la Procuraduría

En tanto, para la Procuraduría Ad Hoc todas estas empresas se habrían beneficiado con obras otorgadas de forma irregular, por lo que deberán asumir el pago de la reparación civil a favor del Estado. A fin de asegurar este pago la Procuraduría embargó los bienes de los investigados hasta por un valor ascendente a S/24 millones.

El procurador Jorge Ramírez ha fijado de manera preliminar una reparación civil de S/64 millones. Sin embargo, este monto puede incrementarse conforme avancen las investigaciones.

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