El fiscal Pablo Espinoza ha acusado al expresidente Alberto Fujimori de beneficiar económicamente a su Gobierno con la política estatal de esterilizaciones forzadas. Asimismo, ha señalado que el objetivo de controlar la natalidad fue reducir las cifras de pobreza en el Perú.
Este lunes se reanudó la audiencia por el caso de esterilizaciones forzadas que imputa al expresidente Alberto Fujimori delitos en contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
El abogado de Fujimori, César Nakazaki, sostuvo ante el juez Rafael Martinez que los delitos que le imputa la Fiscalía al expresidente por el caso de esterilizaciones forzadas ya han prescrito, por lo que la denuncia debe ser declarada improcedente.
Además recordó que la Fiscalía de la Nación en el 2009 y una Fiscalía Especializada en el 2014 ya habían archivado el caso de esterilizaciones forzadas, tras no hallar evidencias de que sea un delito de lesa humanidad.
Para la defensa de Alberto Fujimori, los delitos de lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte no califican como imprescriptibles, por lo que al haber ya pasado 15 años, el caso ya prescribió y debe ser archivado.
Cabe anotar que el fiscal Pablo Espinoza ha acusado al expresidente Alberto Fujimori de beneficiar económicamente a su Gobierno con la política estatal de esterilizaciones forzadas. Asimismo, ha señalado que el objetivo de controlar la natalidad fue reducir las cifras de pobreza en el Perú.
Involucrados en la denuncia
La denuncia involucra a Alberto Fujimori y sus ex ministros de salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, denunciados como coautores de los delitos en contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
También incluye a Segundo Henry Aliaga Pinedo, Enrique Octavio Marroquín Osorio, Magda Isabel Gonzales Carrillo y Ulises Jorge Aguilar en el caso de Mamérita Mestanza, quien falleció tras ser sometida a un proceso quirúrgico de ligadura de trompas.
Durante el gobierno de Alberto Fujimori, entre los años 1996 y 2000, se implementó el Programa de Anticoncepción Quirúrgica voluntaria (AQV), el cual ha sido denunciado como un programa de esterilización forzada contra mujeres, sobre todo campesinas.
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