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'Club de la Construcción' | Incluyen a dos empresas como terceros civilmente responsables

El 'Club de la Construcción' habría pagado coimas a cambio de obras públicas.
El 'Club de la Construcción' habría pagado coimas a cambio de obras públicas. | Fuente: Foto: Andina/Referencial

El Poder Judicial ordenó la incorporación de las empresas San Martín Contratistas Generales S.A. y Grupo Plaza S.A. al caso denominado 'Club de la Construcción'.

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El Poder Judicial declaró fundada la apelación de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato para que se incorpore como terceros civilmente responsables a las empresas San Martín Contratistas Generales S.A. y Grupo Plaza S.A. en el caso denominado 'Club de la Construcción', un grupo conformado por compañías nacionales y extranjeras acusadas de pagar coimas a cambio de obras públicas.

La Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios revocó la decisión de la jueza María de los Ángeles Álvarez ‒que desestimaba la incorporación como terceros civilmente responsables de ambas empresas‒ y ordenó su incorporación bajo esa condición al proceso penal.

"De esta manera, dichas compañías ahora asumirían el eventual pago de la reparación civil de manera solidaria junto a los investigados y otras doce empresas más", señaló el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de un comunicado.

En diciembre pasado, la Procuraduría logró que el Poder Judicial declare fundado su pedido para incorporar como terceros civilmente responsables a doce empresas vinculadas al denominado 'Club de la Construcción': Cosapi, GyM, Obrainsa, ICCGSA, Hidalgo e Hidalgo S.A.; Construcción y Administración S.A.; Constructora Málaga Hnos. S.A.; JOHE S.A.; Constructora OAS; Queiroz Galvao; Andrade Gutiérrez y Mota Engil Perú.

Según la Fiscalía, entre el 2011 y el 2014, los representantes de esas empresas habrían concertado la distribución de obras en favor de estas compañías. Para el procurador ad hoc Jorge Ramírez, todas ellas deberían asumir el pago de la reparación civil en favor del Estado, pues se habrían beneficiado del otorgamiento irregular de las obras. Hasta la fecha, su despacho ha fijado de manera preliminar una reparación civil de S/. 64 millones por este caso.

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