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‘Club de la Construcción’: PJ programó para este lunes 20 audiencia de prisión preventiva contra cuatro implicados

El sector construcción es uno de los más dinámicos de la economía peruana.
El sector construcción es uno de los más dinámicos de la economía peruana. | Fuente: Foto: Andina

El pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva incluye a José Paredes Rodríguez, hermano del exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes y otros tres empresarios.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente programó una audiencia para este lunes 20 en la que se evaluará el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra José Paredes Rodríguez, hermano del exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, acusado de integrar el denominado ‘Club de la Construcción’.

La diligencia se desarrollará a partir de las 8:00 a.m. en la Sala de Audiencias N.° 1, que se ubica en el primer piso del edificio Carlos Zavala Loayza, en el Cercado de Lima.

La Fiscalía hizo el mismo pedido para José Fernando Castillo Dibós, expresidente de la empresa ICCGSA; Edgar Ricardo Unzueta Zegarra, representante de la constructora Andrade Gutiérrez y Javier Lei Siucho, representante de Constructores y Mineros Contratista Generales (CyM), todos ellos investigados por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y cohecho activo genérico en agravio del Estado.

Según el Ministerio Público, "el 'Club de la Construcción' estaba conformado por constructoras peruanas y extranjeras que en lugar de competir entre sí, se coludían para repartirse obras que convocaba a licitación el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Provías".

Entre los años 2011 y 2014 estas personas habrían buscado determinar qué empresas se beneficiarían con la adjudicación de la buena pro de las licitaciones y concursos públicos convocados por Provías Nacional, con lo que limitaron la participación de otras compañías.

Estos actos habrían impedido que Provías Nacional contrate a otros postores. Se presume que a cambio los investigados habrían recibido una comisión ilícita (directa, en efectivo, transferencias bancarias, contraprestaciones), equivalente al 3 % del costo directo de las obras.

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