Dictan mandato de comparecencia con restricciones contra Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez, exmiembros del CNM

El juez supremo Juan Carlos Checkley impuso mandato de comparecencia con restricciones a los exintegrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez como parte de la investigación preparatoria que se les inició por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo específico en agravio del Estado.

El magistrado acogió así el pedido de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios, que busca asegurar la presencia de ambos durante el desarrollo de las diligencias de este caso.

El juez Checkley determinó en su resolución que la medida requerida por la Fiscalía es idónea pues permite asegurar los fines de este proceso penal por lo que estos exfuncionarios deberán cumplir las siguientes reglas de conducta: no ausentarse de la localidad donde residen sin autorización judicial, pasar por el control virtual el primer día de cada mes para justificar sus actividades, acudir a las citaciones de la Fiscalía y el Poder Judicial; y la prohibición de comunicarse con sus coprocesados o testigos del caso.

El Ministerio Público investiga a Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez por un supuesto favorecimiento al fiscal anticorrupción Walter Delgado, en la convocatoria realizada por el CNM en la que postulaba para ocupar el cargo de Fiscal Superior Penal de Lima en atención a un pedido hecho por el entonces Juez Supremo César Hinostroza, en el año 2018.

Estos exfuncionarios afrontan otras investigaciones relacionadas al caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

Acusación constitucional

A fines de abril de este año, el Pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional contra el exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura Guido Aguila, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

El expediente con la acusación constitucional del caso Guido Aguila fue remitido a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución.

Al exconsejero Águila Grados se le acusa que -durante su ejercicio como miembro titular del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura- entre marzo, mayo y junio del 2018, habría invocado y obtenido influencias reales en la tramitación de la carpeta fiscal número 60-2016, por lo que habría cometido el delito de tráfico de influencias.