Columna | Fiscalizando al Fiscal, una oportunidad para confirmar que todos somos iguales ante la ley

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Desde su juramentación en julio pasado, el Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, se ha hallado en el cruce de caminos que conducen sea a la lucha contra la corrupción, sea a la inercia de la impunidad. Su nombre y su voz aparecen en algunos audios que han puesto en evidencia el avanzado grado de complicidad de magistrados con la delincuencia organizada. Ante esa revelación Chávarry optó por mentir y negar haber asistido a una reunión con periodistas en presencia del destituido juez César Hinostroza. Cuando se vio obligado a reconocer la mentira, dijo que lo había hecho para “proteger a su institución”.

El presidente de la República sugirió en varias oportunidades que el Fiscal diera un paso al costado mientras fuera objeto de investigaciones, pero Chávarry se negó. Su comportamiento fue contrario al del por entonces presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, que renunció. Sus partidarios intentaron siempre politizar el caso, sosteniendo que se trataba de denuncias sin fundamento dirigidas a garantizar el poder de fuerzas hostiles al fujimorismo y al aprismo.

Investigación a Chávarry

En un intercambio de mensajes entre congresistas de la mayoría, alguno llegó a decir que la permanencia de Chávarry era “una cuestión de supervivencia”. Toda esta situación es tanto más grave, que todavía faltan piezas claves para establecer la verdad de la mega-corrupción protagonizada por Odebrecht y otras empresas de construcción. El Fiscal de la Nación solo puede ser destituido por dos instituciones: la Junta Nacional de Justicia, que todavía no ha entrado en funciones. Y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, cuyo presidente dice que hay decenas de casos que tienen prioridad, es decir que las denuncias contra Chávarry quedan postergadas a un futuro incierto.

En este contexto impregnado por fuerzas oscuras y contaminado por intereses políticos, se ha hecho conocer una solicitud de investigación al Fiscal de la Nación, formulada por el Fiscal Superior Rafael Vela. Se reprocha al titular de la Fiscalía haber obstaculizado la administración de justicia y en particular el acuerdo alcanzado con Odebrecht para garantizar la inminente colaboración eficaz de ejecutivos brasileños.

Ya en otro caso, Chávarry decidió inhibirse por hallarse involucrado en los hechos incriminados. ¿Qué podemos esperar en este caso? ¿Dejará Chávarry que la investigación se lleve a cabo y hará posible que la dirija alguno de los cinco fiscales supremos que no se halle bajo sospecha? De la respuesta a esa pregunta depende la oportunidad extraordinaria que tiene nuestro país de terminar con una época de corrupción y comenzar una nueva que inspire confianza a los ciudadanos y confirme que todos somos iguales ante la ley. Por ahora solo sabemos que a través de un comunicado, Chávarry sostiene que los delitos que se le imputan “carecen de sustento jurídico penal, por lo que rechazo rotundamente esa acusación llena de subjetividades”.

Abel Concha

El día de ayer había comenzado con otra noticia grave. El Fiscal superior Abel Concha fue detenido y sometido a prisión preliminar por indicios de haber recibido una coima para favorecer a una banda criminal que funcionaba en Chiclayo. ¿Cómo pudo Abel Concha ser nombrado el pasado mes de marzo Fiscal Superior por el ahora disuelto Consejo Nacional de la Magistratura? Ya por entonces se había denunciado su inexplicable lentitud en el caso Ecoteva, que permitió la fuga del expresidente Alejandro Toledo.

La educación en valores, la seguridad ciudadana y el dinamismo de nuestra economía requieren una Justicia que sea ejemplar. No hay justicia ejemplar sin magistrados por encima de toda sospecha. Ese ciertamente no es el caso del Fiscal Chávarry.

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