La Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró Infundada la apelación que presentó Julio Gutiérrez Pebe para que se le levante esta orden por considerar que no se había acreditado que tenga intención de fugar.
El Poder Judicial ha confirmado en segunda instancia la medida de 18 meses de impedimento de salida del país contra Julio Gutiérrez Pebe, exmiembro del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, quien es investigado por el presunto delito de cohecho o soborno dentro del caso 'Cuellos Blancos del Puerto'.
Esta medida había sido impuesta originalmente el pasado 24 de setiembre por el juez supremo Hugo Núñez Julca, pero la defensa de Gutiérrez Pebe apeló y pidió que se le levante al considerar que no se había acreditado que tenga intención de fugar y que la medida era innecesaria.
En dicho recurso, Julio Gutiérrez y su defensa legal precisan que en la resolución del juez Núñez Julca no se acredita un acto concreto que permita concluir que el exconsejero pretende fugar del país ni tampoco se establece cómo es que la medida de impedimento de salida del país resulta indispensable para la averiguación de la verdad, entre otros argumentos.
Sin embargo, según consta en una resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró Infundada esta apelación al considerar que sí es idónea y necesaria para asegurar su presencia en el Perú mientras se le investiga.
Julio Gutiérrez Pebe es uno de los ex miembros del CNM que son investigados por la Fiscalía Suprema por presuntas irregularidades en nombramientos y ratificaciones de un juez y dos fiscales, caso por el que estuvo en prisión preventiva y por el que actualmente cumple comparecencia con restricciones e impedimento de Salida del país.
La Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos investiga al exconsejero bajo mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida de país por 18 meses por el presunto delito de cohecho pasivo específico a raíz de las presuntas irregularidades detectadas en el nombramiento de los fiscales adjuntos, Armando Mamani y Juan Canahualpa, así como en la ratificación de Ricardo Chang como juez constitucional de Lima.
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