Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, anunció que su defendida no acudirá a audiencias donde se decidirá su impedimento de salida del país. Tras ser vacada, la expresidenta sigue siendo aforada, pero carece de la inmunidad que mantenía. ¿Hasta qué punto puede ser investigada?
Dina Boluarte fue vacada por el Congreso el último jueves, en medio de varios cuestionamientos, no solo por falta de capacidad de gestión, según alegaron las bancadas parlamentarias; sino también por las investigaciones fiscales que afronta por diversos casos.
Sin embargo, desde que asumió la Presidencia, en diciembre de 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso archivó varias denuncias en su contra, presentadas por el Ministerio Público, tales como la referida a las muertes en las protestas de 2022 y 2023 o la del caso Rolex.
Además, el Tribunal Constitucional delimitó las pautas bajo las cuales la mandataria podría ser investigada, con lo cual la SAC dispuso suspender todas las denuncias pendientes que estaban en trámite en sus fueros. No obstante, al ser vacada del cargo, su condición de inmunidad ha variado.
Al respecto, Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista, en diálogo con RPP, consideró que Boluarte Zegarra mantiene su condición de aforada, pero ahora puede ser pasible de investigaciones y requerimientos por parte del sistema de justicia.
"Acá hay dos figuras diferentes: una cosa es ser un aforado, que lo es ahora la expresidenta, pero otra cosa era un estatus más importante, reforzado, casi intocable, de presidente de la República. Ese estatus de presidente de la república, en funciones, ya no lo tiene desde que fue vacada en el cargo", explicó.
"Sí, ha bajado ese estatus, es una aforada, y puede investigarse, citarla cuantas veces desee en investigación preliminar el Ministerio Público, solicitar impedimento de salir del país, por ejemplo, y allanar sus inmuebles. No como antes, cuando era presidenta, que no podían ni allanar su inmueble, y toda esa información presentarse en una denuncia constitucional en el Congreso de la República", agregó.
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¿Podría dictarse impedimento de salida del país contra Dina Boluarte?
Como se sabe, el viernes, 10 de octubre, el Ministerio Público presentó dos solicitudes de impedimento de salida del país contra la expresidenta: una por 36 meses y otra por 18 meses. Ambas serán abordadas en sendas audiencias judiciales programadas para el próximo 15 y 16 de octubre, respectivamente. Sin embargo, anoche, Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, indicó que su patrocinada no se presentará a la audiencia.
"Por recomendación propia no va a asistir. Yo he decidido como su abogado que no asista. Quiero ser enfático y honesto con la población: cada vez que el Ministerio Público citó a la presidenta a declarar, ella siempre ha declarado, pudiendo acogerse a su derecho a guardar silencio", manifestó.
Frente a este anuncio, Rospigliosi indicó que el letrado "no se ha actualizado" respecto a la condición jurídica de su clienta, puesto que, con su presencia o no, podría dictársele la medida coercitiva. Además, resaltó que ella, "en su calidad de expresidente de la República, está obligada a cumplir y a dar un buen ejemplo ante los requerimientos del sistema judicial".
"[Ocurre] que el abogado no se ha actualizado, no sabe que su cliente ya no es la presidenta de la república, y así que, es verdad, puede ser aforada, pero se somete a cualquier procedimiento, tiene que cumplir la disposición del fiscal. Y la audiencia se va a llevar a cabo con o sin su presencia", señaló.
"Hay que decir que la expresidenta de la República ya no tiene ese estatus de protección y por ende hoy como expresidenta puede ser sometida a todas las investigaciones que correspondan. Es por eso que ya presentó al fiscal de la Nación su impedimento de salida del país, que se va a discutir en los próximos días. [Tiene] aforo, pero sí es viable que se presenten algunas medidas coercitivas para garantizar esa investigación, como el impedimento de salir del país", indicó.
Asimismo, Rospigliosi señaló que podrían "reabrirse" denuncias constitucionales contra la expresidenta que el Congreso archivó. En ese caso, explicó que basta con que el Ministerio Público presente nuevas pruebas en dichos procesos, como en el caso Rolex.
"En este caso concreto, es cierto, se hizo la denuncia constitucional en el Parlamento y se archivó. En los nueve meses que quedan para que ingrese el nuevo Congreso de la República, basta con cualquier nueva prueba y se puede reabrir esa denuncia constitucional", aseveró.
"Puede haber un universo de pruebas nuevas. Por ejemplo, un nuevo testigo que declare, una nueva pericia. Ese no es una barrera, así que acá no hay impunidad. Lo que queda claro es que un nuevo Congreso, con una nueva composición parlamentaria, y como lo ha demostrado los antecedentes de nuestra historia constitucional, va a estar ávido de hacer y gatillar la acusación constitucional y la inhabilitación, como pasó con el expresidente Vizcarra. ¿Usted cree que un nuevo Congreso, con una nueva composición, querrá blindar a una expresidenta? La respuesta es no", puntualizó.
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