Seis de los siete magistrados del TC tienen el mandato vencido. | Fuente: Andina

En manos del Tribunal Constitucional (TC). El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea, envió al TC un oficio con la resolución legislativa para el trámite del nombramiento de Gonzalo Ortiz de Zevallos como magistrado del máximo órgano constitucional.

Los expertos en derecho parlamentario consultados para este informe de RPP coincidieron que el TC determinará si acepta o no la designación del primo del presidente de la Comisión Permanente.

“De todas maneras está en la cancha del TC. Si el TC recibe esta resolución legislativa del Congreso tendrá que decidir: ‘me basta con la resolución que he recibido o voy a exigir que sea, además, publicada en El Peruano’”, explicó el investigador y profesor en derecho parlamentario de la Universidad Católica, César Delgado-Guembes.

En esa línea, coincidió el abogado y especialista en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi. “El TC va a tener que pronunciarse y decidir si lo aceptan o no y fundamentar por qué”, señaló.

Con respecto al requisito de la publicación en El Peruano de la resolución legislativa, Delgado-Guembes sostuvo que cabe la posibilidad que pueda procesarse de manera directa, aunque reconoció que nunca se ha hecho antes.

“La Constitución manda que toda ley rige a partir del día siguiente de su publicación. La pregunta es si una resolución legislativa del Congreso donde el efecto es quién va a ocupar un puesto tiene la misma naturaleza que una ley para su entrada en vigor. En este caso, no nos encontramos ante una ley, sino se trata de un acuerdo del Congreso en ejercicio de sus potestades para designar altos funcionarios públicos”, manifestó.

Rospigliosi sostuvo que el TC tendrá que ponderar si existe la necesidad o no de la publicación de la resolución legislativa en El Peruano.

Congreso asume otras atribuciones

Delgado-Guembes cuestionó que en la resolución legislativa enviada por Olaechea al TC haya incluido alcances que nunca fueron objetos de debate y votación. Esto en referencia a la exigencia de reemplazar al magistrado "con mandato vencido cuya colegiatura sea la de menor antigüedad", que apunta al cambio del actual tribuno Eloy Espinosa-Saldaña.

“El Congreso nunca conoció el mecanismo de sucesión, nunca se votó; sin embargo, ha sido incluido en la resolución. […] Se ha creado una obligación que regiría para el TC que nunca fue objeto de consulta al Pleno. El TC tendría que primero verificar lo que el Congreso haya aprobado y pronunciarse sobre ese alcance. El TC no podría anular toda la resolución legislativa, pero sí ignorar la parte referida al proceso de sucesión, porque eso es competencia exclusiva del tribunal. Eso no se le puede imponer”, indicó Delgado-Guembes.

¿Proceso no concluido?

Patricia Donayre (Unidos por la República) indicó que el lunes 30 de setiembre planteó una reconsideración de la elección de Ortiz de Zevallos que no fue atendida.

El exoficial del Congreso José Elice dijo que si el pedido de reconsideración de votación de la excongresista Donayre fue presentado antes de haberse aprobado el acta era necesario procesarlo. En ese sentido, la elección no habría concluido 

“Solo si se presentó antes, había que procesarla. No se puede dar por concluido el proceso hasta que se tramite”, dijo Elice.

Consultado sobre si el TC puede tener en cuenta esta reconsideración cuando tome su decisión, Delgado-Guembes opinó que el órgano debe “presumir que la resolución está bien dada”, a menos que reciba una notificación sobre este aspecto.

La mañana de este jueves, se conoció que Gonzalo Ortiz de Zevallos acudió a la sede del Tribunal Constitucional. Según informó IDL-Reporteros, el abogado presentó un escrito en el que solicita una fecha para su juramentación como nuevo integrante del TC. La decisión sobre su incorporación está en menos de los siete tribunos actuales.


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