La Mesa Directiva acordó ayer quitarle algunos beneficios, como el automóvil y la gasolina que le asignaron, así como personal a su cargo.
La Mesa Directiva del Congreso acordó quitarle a Alejandro Toledo varios de los beneficios que gozaba en su calidad de expresidente de la República, luego ser acusado de recibir millonarios sobornos por parte de la empresa Odebrecht, cargos por los que el Poder Judicial ha ordenado 18 meses de prisión preventiva en su contra.
El segundo vicepresidente del Congreso, Richard Acuña, reveló a la agencia Andina que esta decisión fue adoptada en la víspera en el seno de la Mesa Directiva. “No es el momento adecuado para que Alejandro Toledo reciba este beneficio, ya que se encuentra en etapa de investigación y hay una sentencia (orden de prisión preventiva) de por medio; en consecuencia”.
Como todos los expresidentes peruanos, Toledo Manrique recibía del Congreso una pensión vitalicia equivalente a la de un parlamentario (S/15,600), más los seguros. Además, un vehículo en calidad de préstamo, vales de combustible hasta por 150 galones de gasolina y la contratación de un personal de apoyo, con un sueldo no mayor de 3,700 soles.
Motivaciones. En diálogo con el diario El Comercio, la primera vicepresidenta del Parlamento, la fujimorista Rosa María Bartra, dijo que la Mesa Directiva tomó esta decisión para “cautelar los bienes del Estado”. “Se trata de aquellos bienes que, en la condición en la que se encuentra Alejandro Toledo, no podría asegurar el Congreso que son utilizados para el fin para el cual se destinan”.
Según el oficial mayor del Congreso, José Cevasco -también consultado por El Comercio-, a Toledo se le han retirado los beneficios del automóvil, los 150 galones mensuales de gasolina y el asesor asignado.
Denunciado. Al líder chakano se le investiga por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, por los cuales se ha formalizado en su contra una indagación preparatoria con 18 meses de prisión preventiva. En la actualidad, Toledo se encuentra en calidad de prófugo de la justicia y es buscado por la Interpol en 190 países del mundo.
La Fiscalía le atribuye haber recibido un soborno de 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht a cambio de favorecerla en la licitación de la carretera Interoceánica. Los pagos se habrían realizado en cuentas offshore de su amigo Josef Maiman.
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