Enrique Cornejo se coludió con Odebrecht para la ejecución del Metro de Lima, según la Fiscalía

Según la Fiscalía, durante el gobierno de Alan García habría operado una estructura criminal que favoreció a la constructora Odebrecht con contratos de obras, a cambio de pagos ilícitos. En un primer nivel el Ministerio Público ubica a Luis Nava, Miguel Atala, José Nava Mendiola, Samir Atala como los “captadores” del dinero, mientras que, en un segundo nivel están Enrique Cornejo, Oswaldo Plascencia, Jorge Luis Menacho y Raúl Antonio Torres Trujillo.

“El común denominador estas personas es que habrían cometido actos de corrupción”, dijo la fiscal Meryl Huamán, integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato.

Al exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, se le imputan los delitos de colusión, lavado de activos y cohecho pasivo propio.

En su exposición, la fiscal indicó que Cornejo Ramírez se habría coludido con representantes de Odebrecht para entregar la buena pro de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima.

De acuerdo con la fiscal, que citó declaraciones de un colaborador eficaz, en el segundo semestre del año 2010, Cornejo habría recibido US$15.000 y dos televisores (cada uno valorizado en unos S/8.000) de Odebrecht.

Según la versión de un colaborador, el ex director de contratos de la constructora, Carlos Nostre, entregó a Jorge Cuba un sobre con dinero que luego él entregó al secretario general del MTC, Jorge Luis Menacho. Para la fiscalía, Menacho era el hombre de confianza del exministro Enrique Cornejo. Según el colaborador, los televisores también le fueron entregados a Menacho.

La Fiscalía señaló que están haciendo las coordinaciones con la Unidad de Cooperación Judicial Internacional para tomar la ampliación de la declaración de Carlos Nostre y “corroborar respecto a la imputación del dinero y los televisores”.

La última declaración de Nostre a los fiscales fue el 26 de noviembre de 2018 y la del colaborador eficaz que reveló los supuestos pagos a Cornejo fue el 28 de noviembre de 2018, indicó la fiscal.

El marco legal para encaminar el Tren

El proyecto del Metro de Lima fue gestado el 2009, durante el segundo gobierno de Alan García. Su ejecución se acordó de una forma acelerada, según la Fiscalía. Ahora se sabe que el expresidente García presionó para que la obra fuera inaugurada antes de culminar su gobierno en julio del 2011.

El 19 de febrero de 2009, Jorge Barata conversó con el expresidente Alan García en el avión presidencial durante su viaje de Lima a Cusco para la inauguración de un tramo de la Interoceánica. Hoy se conoce que ambos hablaron sobre el Metro de Lima. De acuerdo a Barata, este le comentó a García que el tren debía licitarse como obra pública y no como concesión.

Según el testimonio de Barata, no resultaba “atractivo” para Odebrecht ejecutar la obra del Metro de Lima como inversión privada, pues significaba encontrar el autofinanciamiento total.

"Barata señaló cuáles eran los criterios que se debían de tener en cuenta para poder ejecutar o llevar a cabo esta obra. Él refería que era más atractivo que se realice mediante licitación pública y no como concesión. ¿Por qué? Porque mediante concesión tenía que existir autofinanciamiento de la empresa, mientras que por obra pública se cofinanciaba el proyecto", detalló la fiscal.

A su regreso a Lima, el expresidente García convocó a una sesión de Consejo de Ministros donde se firmó el decreto de urgencia (DU) 032-2009 que transfirió la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) –que estaba bajo el mando de la Municipalidad de Lima– al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La norma también designó al presidente de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima a Oswaldo Plascencia Contreras, hombre de confianza de Alan García, según la Fiscalía.

Meses después, el consorcio Tren Eléctrico, integrado por Odebrecht y Graña y Montero, ganó la licitación de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.

Es así que, para la Fiscalía, Enrique Cornejo “habría determinado, en organización criminal, la modificación del marco legal previo establecido” para que pueda ejecutarse el proyecto.