Lo mejor que Pedro Castillo puede hacer por el país es renunciar.
El Fiscal de la Nación ha decidido “ampliar” una investigación que había sido abierta y suspendida por su antecesora, Zoraida Ávalos. Pablo Sánchez ha tomado posición en la polémica sobre los alcances de la inmunidad que la Constitución concede al Presidente. En efecto, el artículo 117 de la Constitución limita claramente a cuatro los casos por los que el presidente puede ser “acusado” durante su mandato. Sin embargo, no excluye que se le pueda investigar, aunque el procedimiento de investigación no pueda culminar con la correspondiente acusación.
¿Por qué Pablo Sánchez ha modificado la interpretación de Zoraida Ávalos? Precisemos que se trata de una investigación que se abrió inicialmente contra el ex ministro de Transportes, Juan Silva y seis congresistas por “organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada”. La Defensoría del Pueblo solicitó que se abra investigación por dos razones: 1) Ajustarse al deber constitucional de combatir la corrupción, y 2) Tomar en cuenta el nuevo modelo procesal penal vigente en nuestro país. La Fiscalía ha terminado por adoptar la misma línea, después de “un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y la gravedad de las imputaciones”. Desde luego, el Ministerio Público precisa también que el presidente Castillo “tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho a la defensa”. Indudablemente la decisión de la Fiscalía tendrá un impacto político mayor, puesto que las encuestas confirman el rechazo creciente de la población ante la mala gestión pública y los múltiples indicios de corrupción. Nada es más pernicioso para el Perú que tener un presidente incapaz de resolver problemas de Estado y obligado a multiplicar maniobras para sobrevivir judicialmente. Por eso, más claramente que nunca, lo mejor que Pedro Castillo puede hacer por el país es renunciar.
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