El Ministerio Público decidió, en consecuencia, no presentar denuncia constitucional contra Juan José Santiváñez por presunto abuso de autoridad en agravio del periodista Marco Sifuentes y del capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Junior Izquierdo Yarleque.
El Ministerio Público dispuso no formular denuncia constitucional contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, por el presunto delito de abuso de autoridad, en el marco del denominado caso ‘La Encerrona’, vinculado a la difusión de un audio en junio de 2024 en el que se habría solicitado “controlar” al periodista Marco Sifuentes, conductor del mencionado espacio digital.
Mediante una disposición firmada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, el organismo constitucional autónomo resolvió archivar definitivamente la investigación en agravio del periodista Marco Sifuentes y el capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Junior Izquierdo Yarleque —conocido como 'Culebra'—.
En ese sentido, la disposición fiscal ordenó, también, remitir copias certificadas y simples del expediente a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores Penales de Lima, a fin de que evalúe si corresponde alguna actuación dentro de sus competencias.
Los hechos investigados
La investigación preliminar se inició a raíz de una publicación del portal digital La Encerrona, difundida el 19 de junio del 2024, en la que se dio cuenta de un audio atribuido al entonces ministro del Interior, donde este expresaba su incomodidad frente a las críticas periodísticas realizadas por Marco Sifuentes.
Según el expediente fiscal, en dicho audio Juan José Santiváñez habría solicitado a una persona de su entorno que le diga al “doctor” que lo apoye “controlando” al comunicador, debido a los constantes cuestionamientos que recibía desde el referido medio.
El documento señala, además, que el periodista manifestó que habría sido víctima de reglaje, según la información proporcionada por sus fuentes.
Asimismo, una entrevista difundida por Canal N reveló que Miguel Pérez Arroyo, abogado del exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, afirmó que su patrocinado era el mencionado “doctor” y que este tenía en su poder no solo audios, sino también conversaciones proporcionadas por un oficial de la Policía Nacional, a quien Santivañez se las habría enviado.