Fiscal de la Nación presenta denuncia constitucional contra el excongresista Jorge Castro

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra el exparlamentario Jorge Castro Bravo, por los presuntos delitos de concusión y violación de la correspondencia.

El primero de ellos se le imputa por presuntamente haber obligado a siete extrabajadores a entregar parte de sus remuneraciones y otros beneficios laborales, desde julio del 2016 hasta abril del 2019, a fin de mantenerlos en sus cargos.

Para lograr su objetivo, señala la acusación, el exlegislador habría contado con "la colaboración de su asesora principal Ericka Cancino Quispe, quien se encargó de recibir el dinero de los trabajadores que seguían prestando servicios".

Un reportaje del programa Cuarto Poder recogió en abril del 2019 la denuncia de Paola Alave, quien trabajó para Castro Bravo como su coordinadora en Tacna y pagó con su sueldo 300 soles mensuales durante siete meses por el alquiler de la oficina del legislador en esa ciudad.

Paola Alave presentó extractos de conversaciones con la exasesora Ericka Cancino en las que esta  reconoce que el excongresista estaba al tanto de los aportes de cada trabajador.

Cuando se le consultó sobre el caso, Jorge Castro rechazó las acusaciones: "No cobramos ningún diezmo. Nunca me han pagado nada". Sin embargo, admitió que los trabajadores asumían los gastos por los servicios de luz, agua e internet en su oficina en Tacna.

El segundo delito imputado por Zoraida Ávalos es por violación de la correspondencia. Según la denuncia, Jorge Castro habría revisado indebidamente las conversaciones personales de WhatsApp de su extrabajadora Nieves Limacho Quispe, luego de haberla despedido en junio del 2019.

La denuncia fue remitida al presidente del Congreso de la República, Manuel Merino, este jueves por la tarde.