José Luis Sardón presenta queja contra fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. | Fuente: Andina

El magistrado José Luis Sardón de Taboada, integrante del Tribunal Constitucional (TC), presentó una queja contra los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Péres Gómez, miembros del Equipo Especial Lava Jato, ante la Fiscalía Suprema de Control Interno.

Según el magistrado, José Domingo Pérez habría vulnerado los principios de veracidad y objetividad al señalar que un testigo protegido indicó que su cuñado, Javier Bisso, actuó como falso aportante a la campaña electoral de Fuerza 2011.

Sardón de Taboada asevera en su escrito que, raíz de esta declaración, el fiscal lo "presentó como un mecenas del fujimorismo", lo que ocasionó la "indignación popular, y el consiguiente ataque a mi persona y la mella a mi labor jurisdiccional".

El magistrado señala que el fiscal provincial, "aupado en una opinión pública confundida, solo buscó deslegitimar mi voto en la sentencia constitucional" que ordenó la excarcelación de Keiko Fujimori.

Además, afirma que Pérez omitió considerar que "ni las puezas del incidente de prisión preventiva enviadas por el Poder Judicial al TC ni las que presentaron directamente a este último hacían referencia alguna a Javier Bisso".

Asimismo, lo acusó de entregar directamente a los medios de comunicación información reservada de las investigaciones llevadas a cabo por su despacho.

Quejas contra Vela

Sobre los hechos referidos al fiscal superior Rafael Vela, Sardón de Taboada señala que este habría avalado el accionar de José Domingo Pérez.

También asevera que las declaraciones brindadas por Vela Barba revelan el "manifiesto objetivo de su actuación contra mi persona y evidencian acciones de presión mediática a otros poderes del Estado".

En suma, acusa a ambos de intentar "generar una burda y falsa idea de conflicto de intereses en mi intervención como magistrado constitucional".

Una vez analizado el pedido de Sardón, la fiscal suprema de Control Interno María Isabel Sokolich Alva decidió derivar la queja contra los fiscales, por presunta irregularidad funcional, a la Comisión de Investigación Preliminar en Procesos Disciplinarios.

Ello con el fin de "establecer o excluir de responsabilidad funcional a los fiscales cuestionados respecto a los hechos atribuidos en su contra".

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