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por Julio Cisneros
·El pedido de la Procuraduría es por la investigación preparatoria que se le sigue al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
La Procuraduría AD HOC para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó al Poder Judicial que ordene la incorporación de la empresa Altesa Contratistas Generales S.A como "tercero civilmente responsable" dentro de la investigación preparatoria seguida al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima y otros por el denominado caso "Obrainsa".
Mediante un escrito presentado el último 28 de noviembre, la defensa legal de nuestro país cumplió con precisar los datos del representante legal de la empresa, las razones que justifican su pretensión, la vinculación de dicha persona jurídica con los hechos materia de investigación y las pruebas documentales que acreditan su derecho.
Ante ello, el juez Jorge Chávez Tamariz resolvió el último 2 de diciembre "admitir a trámite" la solicitud de la Procuraduría AD HOC y dispuso que este pedido sea puesto en conocimiento de las partes procesales para que expongan lo que estimen pertinente en un plazo de tres días hábiles precisando que de presentarse alguna oposición a esta solicitud se citará a una audiencia para ser evaluado, caso contrario, se emitirá la resolución que corresponda en este caso.
Si el juez Jorge Chávez Tamariz acepta está solicitud, la empresa Altesa Contratistas Generales S.A deberá asumir el pago de una eventual reparación civil a favor del estado en caso no puedan hacerlo con sus bienes estos investigados de ser hallados culpables de los cargos que les atribuye la Fiscalía en este proceso penal.
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El caso
La Fiscalía investiga a Wilfredo Oscorima por su presunta intervención en el proceso de licitación pública Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán, Tramo Condorcocha – Vilcashuamán en una anterior gestión como Presidente Regional de Ayacucho.
Según la tesis fiscal, Oscorima habría concertado entre junio y julio del 2014, a través de Alejandro Tello, gerente general de la empresa ALTESA Contratistas Generales con Manuel Tejeda, funcionario de OBRAINSA, para favorecer a esta última empresa a cambio de un presunto beneficio económico.
Para el Ministerio Público, Wilfredo Oscorima, habría quebrantado su deber funcional específico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad, transparencia y trato justo a los postores, defraudando patrimonialmente al estado.
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