Alejandro Toledo seguirá detenido: juez argumentó que se encontraron 40 mil dólares en efectivo en su casa

El juez Thomas S. Hixson, de la Corte de California, ordenó que el expresidente Alejandro Toledo sea internado en una cárcel pública mientras continúa el trámite de su extradición al Perú para cumplir una orden judicial de prisión preventiva como parte de la investigación que se le sigue por los millonarios montos que habría recibido de la empresa Odebrecht.

El periodista Jaime Chincha, enviado especial de RPP Noticias a California, señaló que el mayor argumento que pesó contra de Toledo fue que al momento de su detención en su vivienda tenía 40 mil dólares en efectivo dentro de una maleta. El juez manifestó que no se ha podido comprobar su origen.

Durante la audiencia, el abogado del expresidente lo calificó como un "salvaje bueno". Con esa frase el defensor del exmandatario intentó describirlo como una persona que, si bien enfrenta una investigación por sobornos, no sale del estado de California y, en consecuencia, no representaría un peligro.

En respuesta, el juez Hixon señaló que una eventual libertad provisional de Toledo representa un asunto de imagen pública de los Estados Unidos con el Perú en procesos de extradición, según reportó el periodista de RPP Noticias Jaime Chincha tras la audiencia que tuvo una duración aproximada de 45 minutos.

RPP Noticias pudo conocer que la defensa de Toledo ha solicitado para el 26 de julio una reunión con el fiscal de los Estados Unidos que tomó este caso y con el propio juez Hixon, quien esta tarde dispuso que permanezca en prisión mientras espera que se concrete su extradición al Perú.

Los argumentos de la Fiscalía

1. Toledo tiene un significativo riesgo de fuga

- El expresidente tiene los medios financieros para huir. Toledo es acusado de haber recibido 20 millones de dólares, además posee múltiples propiedades en Perú. También tiene otras fuentes de ingreso que incluyen su compañía y sus servicios como consultor económico.

- Tiene contactos significativos en una multitud de países extrajeros. Como expresidente, Toledo tuvo numerosas oportunidades de crear y cultivar relaciones con personas poderosas fuera del Perú, lo que facilitaría un cómoda vida en el exilio para él y su familia.

- Toledo ha demostrado que está decidido a, y es capaz de, evitar el enjuiciamiento. "El hecho de que Toledo haya decidido evadir el enjuiciamiento en su país de origen es indicativo de su riesgo de fuga en los Estados Unidos", se lee en el documento.

- La edad de Toledo y la seriedad de los delitos que se le imputan proporcionan un fuerte incentivo para huir. Dos cargos en su contra implican cada uno una pena de más de 15 años en prisión, y el otro presunto delito tienen una pena de más de 8 años en cárcel.

- Toledo no ha mantenido un expediente limpio durante el tiempo que ha pasado en Estados Unidos. Como se recuerda, fue arrestado en el condado de Santa Mateo en marzo de 2019 por estar ebrio en la vía pública. En consecuencia, puede verse impedido de mostrar que no es un peligro para la comunidad.

En este primer punto, finalizan considerando que la concesión de una fianza por cualquier monto no garantizaría la presencia de Toledo en el tribunal y existiría "la posibilidad de avergonzar a los Estados Unidos en la conducción de sus asuntos exteriores".

2. No hay "circunstancias especiales" que justifiquen su liberación

El riesgo de fuga de Alejandro Toledo es suficiente por sí mismo para que la Corte niegue cualquier solicitud de fianza, asegura la Fiscalía. Sin embargo, incluso si la Corte estuviera convencida de que Toledo no tiene riesgo de fuga y no representa un peligro para la comunidad aquí o en el extranjero, el "gobierno no tiene conocimiento de alguna circunstancia especial" que justifique la fianza en este caso.

Si bien Toledo puede argumentar que su estatus como ex jefe de Estado es una "circunstancia especial", no es del todo cierto, continúan. El estatus de Toledo como individuo rico, bien conectado y políticamente poderoso no puede ser una circunstancia especial, "a menos que la corte decida que las reglas normales de extradición no se van a aplicar a ex jefes de Estado en virtud de quiénes son".

Finalmente, citan el caso del exgobernador de Panamá Ricardo Martinelli, quien permaneció detenido mientras duró su proceso de extradición, que culminó un año después. Si bien en ese caso el tribunal concluyó que el estatus del exmandatario podía implicar circunstancias especiales, no decidió que aquello justificara su liberación. "Del mismo modo, Toledo debería permanecer detenido en este caso", expresan.