El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse dijo que aún no cuentan con una fecha exacta para resolver la demanda de habeas corpus contra la empresa Rutas de Lima por el peaje ubicado en el distrito de Puente Piedra.
El integrante del Tribunal Constitucional (TC), Gustavo Gutiérrez Ticse, se pronunció sobre la demanda de habeas corpus presentada contra la empresa Rutas de Lima, la cual se encuentra al voto de los magistrados, y que resolverá la permanencia o no del peaje ubicado en el distrito de Puente Piedra.
Al respecto, indicó que el caso se encontraba en la Sala Segunda que él preside e integra junto a otros dos magistrados y que “en aras del ejercicio de contribuir a la institucionalidad” pidieron que pase al pleno para “que sean los siete magistrados quienes resuelvan el tema de los peajes”.
Sin embargo, afirmó durante una entrevista en Las cosas como son de RPP, que aún no cuentan con una fecha exacta para la emisión del fallo, por lo que presume esta se dará “pronto” en “las próximas semanas o meses”.
Respecto a esta controversia que concierne a la Municipalidad de Lima con la empresa concesionaria que administra la referida vía sometida al cobro de peaje, el magistrado señaló que llegó hasta el Tribunal Constitucional porque “hay un tema que alega la parte accionante que es la vulneración de la libertad de tránsito que es un derecho no solamente fundamental sino fundacional” y que es “tan importante como el derecho a la libertad de empresa o diríamos más porque la libertad individual es un bien inclaudicable”.
“El peaje es legítimo, pero tenemos que analizar si es que ese peaje anula del todo el derecho a la libertad de tránsito o si hay vías alternativas o si es razonable para poder justificar algún tipo de control y establecer algún mecanismo que permita intervenir en esa ejecución “, agregó.
No se inhibirá del caso
Meses atrás, Rutas de Lima solicitó a la Segunda Sala del Tribunal Constitucional que el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse se inhiba del caso por un presunto conflicto de interés al haber sido abogado de Renovación Popular, partido de Rafael López Aliaga, en el proceso de Elecciones Generales del 2021.
En ese sentido, el magistrado aseveró que “este es un caso del Estado contra una empresa, no es del partido Renovación Popular”
“Si fuera del partido Renovación Popular, pues definitivamente plantearía mi pedido de abstención. Acá hay un tema institucional, es el Estado contra una empresa”, finalizó.
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