La fiscal Geovana Mori insistió en realizar la audiencia de prisión preventiva contra Nadine Heredia y los exministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga por el caso Gasoducto Sur, luego de que un juez rechazara programarla. Esta audiencia se iba a realziar el 16 de marzo, pero se suspendió debido a la decrlaratoria del estado de emergencia por la COVID-19.
La fiscal Geovana Mori apeló la resolución judicial en la que se declaró infundado su pedido para programar la audiencia de evaluación del requerimiento de 36 meses de prisión preventiva contra Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, por el caso Gasoducto Andino del Sur, vinculado a Odebrecht.
La representante del Ministerio Público mostró su disconformidad con la decisión del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, quien determinó que dicha solicitud no puede ser considerada “de urgente atención”, debido a que no existe un pronunciamiento judicial que afectara la libertad de los imputados en este caso.
En esa línea, el magistrado dispuso que la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva sea programada para cuando se reanuden las labores en el Poder Judicial desde el primero de julio. En el requerimiento fiscal también están incluidos los exministros Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga.
La representante del Ministerio Público indicó en su apelación que se trata de una investigación en el marco de la ley contra el crimen organizado, por la que se pidió la prisión preventiva. Además, explicó que el Poder Judicial sí vio incidentes sobre prisión preventiva durante el estado de emergencia nacional como se dio en el caso del empresario chileno Gerardo Sepúlveda.
Si la apelación no es admitida a trámite, será remitida a la Primera Sala de Apelaciones Nacional Anticorrupción para que sea evaluada en una audiencia virtual, la cual contará con la participación de las partes involucradas, a fin de emitir una decisión al respecto.
Inicialmente, la audiencia de prisión preventiva sobre este caso fue programada para el lunes 16 de marzo; sin embargo, no se pudo realizar debido a que el Gobierno decretó la emergencia sanitaria nacional por la pandemia del nuevo coronavirus, lo que provocó la suspensión de las labores del Poder Judicial hasta el 30 de junio.
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