Se trata de Fernando Cantuarias Salaverry, contra quien el Ministerio Público pidió 36 meses de prisión preventiva. Ambas medidas fueron solicitadas por el fiscal Germán Juárez Atoche por un presunto agravio contra el Estado.
El Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra el árbitro Fernando Cantuarias Salaverry, para quien el Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva por presuntos arbitrajes ilegales a favor de la constructora Odebrecht.
La audiencia se realiza en la Sala de Audiencia N° 2 de la sede judicial Carlos Zavala Loayza y está a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
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Durante la sesión, Omar Toledo, quien ejerce la defensa de Cantuarias Salaverry anunció que se allanaban al pedido del Ministerio Público de impedir la salida del país del árbitro por 36 meses.
Sin embargo, el juez Tamariz acogió en parte la solicitud fiscal por tres aspectos: el concurso de delitos imputados, que la pena supera los cuatro años de prisión y un informe de la Policía sobre un pasaje a Ecuador que Cantuarias adquirió.
La medida fue solicitada por el fiscal Germán Juárez Atoche, luego de que la Policía informara a su despacho sobre el pasaje con el que Cantuarias Salaverry contaba para viajar a Ecuador.
De acuerdo con el abogado de Cantuarias Salaverry el pasaje para este viaje fue comprado el día 3 de octubre.
Esta información se dio poco después de que se solicitara 36 meses de prisión preventiva contra él y otros 13 abogados. Los árbitros habían incurrido en los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, colusión agravada y lavado de activos.
De acuerdo con la investigación, este grupo de abogados ejerció funciones de árbitros que presuntamente habrían favorecido a Odebrecht mediante laudos arbitrales que le habrían permitido recibir millonarios pagos del Estado peruano.
La solicitud fue remitida al despacho del juez Carlos Sánchez Balbuena, quien debe programar una audiencia pública para evaluar el pedido fiscal y escuchar a las partes para emitir un fallo.
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