El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros sostuvo que Odebrecht tiene una actitud pretenciosa. | Fuente: PCM/Victor Gonzales | Fotógrafo: Victor Gonzales

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, aseguró este viernes que el Gobierno no negocia con corruptos, luego de que la empresa brasileña Odebrecht expresara su voluntad de encontrar una solución a la demanda arbitral presentada contra el Estado por el Gasoducto Sur Peruano.

Zeballos explicó también que la defensa será asumida por la Unidad de Controversias Internacionales que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas. Agregó que este grupo ya se encarga de un proceso iniciado por la empresa Enagás.

El Gobierno no negocia con corruptos, lo que sí le digo, es que la defensa corresponde asumirla a la Unidad de Controversias Internacionales que lidera el Ministerio de Economía y Finanzas y, denlo por descontado, ya tenemos en el mismo Gasoducto un contencioso arbitral planteado por Enagás, la misma defensa que está viendo este caso asumirá el caso de Odebrecht”, dijo.

"Actitud pretenciosa"

En esa línea, el titular del Gabinete Ministerial rechazó la actitud “pretenciosa” asumida por Odebrecht, que pese a suscribir un acuerdo de colaboración eficaz y de existir una carga probatoria bastante sustantiva, respecto de los actos irregulares e inescrupulosos encontrados en el Gasoducto, “se haya atrevido a plantear una demanda arbitral”.

"Esperemos que se pueda corregir cuanto antes. (...) Confiamos (en una decisión a favor del Estado peruano) porque haremos una sólida defensa, pero también porque tenemos sólidos argumentos fácticos como de derecho", agregó.

Proceso largo

Zeballos sostuvo que estos procesos son largos y puso como ejemplo el de Enagás que también está en el Ciadi y tendrá un laudo recién en diciembre de 2022. Agregó que las pretensiones de Odebrecht pasan porque el Estado de manera unilateral y arbitraria, debe resolver el contrato, cuando este consorcio (Integrado también por Enagás y Graña y Montero) incumplió el contrato, lo que derivó en el cierre financiero.

"Lo segundo que reclama, es que se haya dado una ley especial que restringe los derechos de este consorcio, lo cierto es que el Estado peruano tiene legítimo derecho de defenderse y qué mejor manera de hacerlo mediante un acto normativo", sostuvo.

(Con información de Andina)

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