El fiscal supremo dijo que el argumento de que los investigados deben permanecer en libertad contradice la realidad. | Fuente: Andina

El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, consideró este sábado que sería un error modificar la prisión preventiva, debido a que sus efectos serían contrarios para el sistema penal y anticorrupción.

Según explicó, el argumento de que los investigados deben permanecer en libertad, según la presunción de la inocencia, se contradice con la realidad, pues por lo general estas personas muestran resistencia a ser indagados.

No acuden a las citaciones judiciales, incluso se ocultan de la justicia o fugan del país cuando se dan cuenta de la prueba sobreviniente, sobre todo cuando se trata de delitos graves”, comentó el fiscal supremo.

Sobre el rol del Congreso 

Sánchez comentó que el Congreso creó medidas de coerción que buscan garantiza la presencia del investigado al sistema de justicia, para no generar impunidad y para vencer la resistencia del investigado.

Entre estas medidas se encuentra la prisión preventiva, cuya aplicación dependerá de la gravedad del delito y en respeto de los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, principalmente. Consideró que al ser esta la medida más severa, su aplicación debe ser excepcional y debidamente justificada.

Cuestionamientos

Comentó también que de los requisitos que exige la ley para imponer la prisión preventiva: pena superior a 4 años, vinculación con los hechos investigados y el peligro procesal, el último es el que genera mayor debate.

En esa línea consideró que no debe sustentarse en subjetividades ni en lo que le parezca a la autoridad, sino sobre datos objetivos de una posible fuga o de perturbación de la prueba y considerando el tiempo que se requiere para asegurar la presencia del imputado a las diligencias de investigación y de juzgamiento.

 “La prisión  preventiva puede ser altamente cuestionable por el tiempo que transcurre sin realizarse el juzgamiento, y allí habría que dar celeridad,  pero no cabe duda que es necesaria, siempre en el marco de la proporcionalidad y razonabilidad”, afirmó.

Sánchez también dijo que según las cifras del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, en 2018, de un total de 11,967 requerimientos de la Fiscalía, se acogieron 9,033 casos, en su mayoría por delitos comunes, de los cuales solo 133 corresponden a casos de corrupción. Andina

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