La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción preciso en su decisión que nuestro codigo procesal penal no regula la posibilidad de que un juez pueda apartar a un fiscal del conocimiento de una causa.
La fiscal Milagros Salazar Paiva continuará al frente de la investigación preparatoria seguida al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, por el denominado caso Lava Jato.
Esto debido a que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción rechazo el recurso de tutela de derecho que presento la defensa legal del exburgomaestre capitalino donde solicitaba la exclusión de la fiscal Salazar Paiva y del personal a su cargo por vulnerar el principio de la presunción de inocencia, de la defensa y la reserva de la investigación.
La defensa legal de Castañeda Lossio responsabilizó a la fiscal Milagros Salazar por la difusión de los argumentos del pedido de prisión preventiva de 36 meses que presento contra el ex alcalde de Lima en los medios de comunicación, cuando ellos aún no habían sido notificados.
Se remarca que el propósito era hacer público este pedido de prisión preventiva para presentar al exburgomaestre capitalino como culpable y ejercer presión buscando afectar la objetividad del poder judicial.
No obstante, la sala superior resolvió confirmar la decisión de la juez María Álvarez Camacho quien rechazo este recurso de tutela de derechos al coincidir con los argumentos de la magistrada respecto a que el Código Procesal Penal no regula la posibilidad de que un juez pueda apartar a un fiscal del conocimiento de una causa , dado que esa facultad ha sido atribuida al superior jerárquico de un fiscal y al afectado directo.
El tribunal superior remarca en su resolución que la juez Álvarez Camacho hizo lo correcto al remitir copias certificadas del recurso de tutela de derechos de la defensa legal del exalcalde de Lima a la fiscalía superior coordinadora del equipo especial Lava Jato para los fines pertinentes.
La fiscal Salazar Paiva atribuye al exburgomaestre capitalino el haber recibido US$ 480 mil del constructora brasileña OAS como aporte para la campaña que lo llevo, por tercera vez, a la Alcaldía de Lima por lo que le imputa los presuntos delitos de lavado de activos , colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal.
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