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por Julio Cisneros
·El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al haber transcurrido el plazo de tres días que establece el Código Procesal Penal, para interponer un recurso de apelación contra la medida que dictó su despacho el pasado 30 de octubre.
El Poder Judicial declaró “consentida” la resolución que ordena incorporar a la Procuraduría Anticorrupción como “actor civil” o “parte agraviada” en el proceso penal seguido a la jueza Enma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y otros por una supuesta liberación de investigados por narcotráfico a cambio de dinero.
El juez Supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al haber transcurrido el plazo de tres días que establece el Código Procesal Penal para interponer un recurso de apelación contra la medida que dictó su despacho el pasado 30 de octubre dentro de este proceso penal "sin que las partes hayan interpuesto recurso impugnatorio alguno".
"Es decir, con dicha conducta procesal se denota su conformidad con lo resuelto; por lo que, corresponde declarar consentida la resolución en referencia", precisó el magistrado en su resolución emitida el último 27 de diciembre a la que tuvo acceso RPP.
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La decisión del juez supremo Checkley Soria permite a la Procuraduría Anticorrupción solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor de estado peruano que se le pueda imponer a los implicados en caso sean hallados responsables de los cargos que se les imputan en este proceso penal.
La defensa legal de nuestro país incluyó dentro de su solicitud de constitución en “actor civil” su propuesta inicial para que todas estas personas paguen, en forma solidaria, la suma de 6 millones 500 mil soles como reparación civil a favor al Estado, a raíz de este caso.
La Procuraduría Anticorrupción estableció el daño patrimonial de la siguiente manera: dos millones 500 mil soles por el delito de asociación ilícita para delinquir, dos millones 500 mil soles por el delito de cohecho pasivo especifico y un millón 500 mil soles por el delito de cohecho activo específico que se atribuyen dentro de este proceso penal.
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