PJ resolvió que empresas incluidas en investigación a Susana Villarán asuman eventual reparación civil si implicados no pueden pagar

El Poder Judicial (PJ) resolvió que 10 empresas incluidas en la investigación preparatoria que sigue Fiscalía a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros, deberán asumir el pago de una eventual reparación civil al Estado en el caso de que los implicados no puedan hacerlo con su patrimonio.

Así lo dispuso el juez Jorge Chávez Tamariz, quien declaró fundado el pedido realizado por la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, a fin de que estas empresas puedan ser incorporadas como terceros civiles responsables dentro de este caso.

Las 10 empresas están vinculadas al rubro de la publicidad y otras actividades que meses atrás fueron incluidas por el juez Chávez Tamariz, en su condición de “personas jurídicas” dentro de esta investigación preparatoria.

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, es investigada a raíz de un presunto apoyo económico por parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar tanto la campaña por el ‘No’ a su revocatoria como burgomaestre como para su campaña de reelección municipal en 2014.

Comparecencia con restricciones para Susana Villarán

Actualmente, Susana Villarán cumple comparecencia con restricciones como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de colusión agravada vinculado al caso ‘Lava Jato’.

Esta medida fue dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien dispuso que la exalcaldesa cumpla reglas de conducta tales como; no ausentarse del lugar donde reside sin autorización judicial, prohibición de comunicarse con sus coimputados, testigos y peritos, no brindar declaraciones a los medios de comunicación sobre este caso, entre otras. Además, deberá pagar una caución 20 mil soles.

Así, el magistrado acogió "en parte" la solicitud que hizo el despacho del fiscal José Domingo Pérez Gómez, quién, además de pedir la comparecencia con restricciones para Susana Villarán, requirió que se le impusiera una caución de 100 000 soles y que no pudiera salir del país por 3 años.

El magistrado rechazó el pedido fiscal de impedimento de salida del país para Susana Villarán por 36 meses, al precisar que la Fiscalía no programó diligencias que requieran la presencia de la imputada en este caso.

Según la hipótesis del fiscal Pérez Gómez, la exburgomaestre habría concertado con directivos de la empresa OAS Sucursal Perú y Lamsac, a fin de favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla en el año 2012.

Esto permitió el reajuste de las tarifas del peaje de las vías administradas por Lamsac en el año 2013 a cambio de obtener apoyo económico para su campaña de reelección en el sillón municipal en 2014.