Hugo Espino pagó más de S/200 mil a alcalde de Anguía por adjudicación de obra, según Perú21

Nuevas evidencias se suman para sustentar el pedido de prisión preventiva de 36 meses que la Fiscalía ha solicitado contra Yenifer Paredes; José Medina, alcalde de Anguía y otros investigados. Según un informe de Perú 21, Hugo Espino, quien, según su abogado, se encuentra sometido a proceso de colaboración eficaz, reveló que pagó en efectivo una suma de S/228 mil a José Medina a cambio de la adjudicación de una obra en Cajamarca.

Se trata del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en tres localidades de Anguía, cuya buena pro fue otorgada a la empresa Destcon, cuyo propietaria es Anggi Espino. La adjudicación ya habría estado coordinada desde las visitas del empresario a Palacio de Gobierno el año pasado.

Obras a cambio de "diezmos"

Según su propia confesión ante la Fiscalía, Hugo Espino tenía conocimiento de que debía pagar un "diezmo" a cambio de obtener la referida adjudicación que se concretó en noviembre del año pasado y cuyo contrato se firmó al mes siguiente por 3 millones de soles.

El pago irregular a Medina, según Espino, habría tenido una primera entrega de S/100 mil en enero de este año, en un departamento ubicado en la cuadra 7 de la av. Brasil. La segunda, se realizó en marzo en una vivienda de la av. Naranjal en Los Olivos. Además, los retiros del dinero los habría realizado Anggi Espino.

Sin embargo, siempre según la información citada por Perú 21, ésta no sería la única adjudicación que se habría obtenido con esa modalidad. La empresa JJM Espino, de propiedad del investigado empresario, obtuvo el contrato para la remodelación de un colegio en Cajatambo por 3 millones de soles. El proceso habría contado con la asistencia del alcalde de Anguía.

Los operadores de la red

La tesis de la Fiscalía es que José Medina era uno de los operadores de la presunta red criminal, encabezada por el presidente Castillo, que operaba para obtener la adjudicación de obras públicas. Su labor sería la de "captar empresarios" para otorgar contratos por obras en Anguía a cambio de sobornos. Esto habría sido facilitado por el Ejecutivo que le otorgó a dicho municipio un presupuesto de más de S/15 millones para obras públicas.

Asimismo, según las pesquisas fiscales, Medina concertaba con otros alcaldes para que, a cambio de incrementos en sus presupuestos municipales, direccionen licitaciones a empresas que eran parte de la red criminal. Todo previa coordinación en Palacio de Gobierno y la casa de Sarratea, "donde se habría festinado los acuerdos a fin de favorecer a empresas privadas con cuantiosos contratos".

Otra operadora, según la Fiscalía, sería Yenifer Paredes quien visitaba provincias y se entrevistaba con autoridades para promover contratos para ejecución de obras, elaboración de expedientes técnicos y supervisión. Esto "bajo la coordinación permanente de su hermana, Lilia Paredes, cónyuge del Presidente", refiere el Ministerio Público.

Caso de Chachapoyas

Un ejemplo de este ilícito proceder es lo ocurrido en Chachapoyas, en un proyecto de saneamiento por el que, según Hugo Espino, Lilia Paredes le pidió a su hermana Yenifer que apoye al alcalde de dicha provincia, Víctor Culqui, "para acelerar con la elaboración del expediente técnico y correr con el financiamiento".

En agosto del año pasado, según la Fiscalía, Hugo Espino se reunió con Culqui en Chorrillos "y concertaron para que la empresa de Hugo elabore el expediente técnico".

Luego, Espino y Yenifer Paredes viajaron a Chachapoyas donde ella le habría asegurado al alcalde de dicha provincia que, una vez aprobado el expediente, "ella se encargaría, a través de su hermana Lilia Paredes y el presidente Pedro Castillo" de la "viabilidad y celeridad" del financiamiento, "pero con la condición de que tenía que adjudicarle la obra a Hugo Espino", señaló la Fiscalía.

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La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.