El impacto de la confesión sincera

Las confesiones de Miguel Atala y José Antonio Nava ante los fiscales del caso Lava Jato generan enorme conmoción política, además de consecuencias procesales relevantes. En el ámbito político son devastadoras para redes partidarias y mediáticas, que negaron sistemáticamente toda posibilidad de que el expresidente Alan García hubiera sido beneficiario de actos de corrupción de la empresa Odebrecht. Ellas actuaron al unísono para denostar de fiscales acuciosos, de periodistas de investigación y de líderes de opinión que no callaron ante los indicios que se iban acumulando en su contra.

Aunque el entorno del fallecido expresidente adopte una postura de negación, la suma de elementos de convicción resulta abrumadora, aun cuando su propia responsabilidad penal se haya extinguido con su muerte. El juicio de la historia, en el que confiaba García, difícilmente le será favorable. Aun cuando solo el tiempo dará lugar al veredicto final, este se construye a partir de los hallazgos del presente.

El partido aprista, cuya vigencia a lo largo de casi cien años de nuestra historia es innegable, había edificado desde sus albores un legado moral, en el fragor de reivindicaciones sociales y políticas. La persecución, la cárcel y el destierro habían sublimado su actuación en esas primeras décadas de existencia. Podía hacerse, sin embargo, un juicio severo sobre la inconsecuencia del APRA, que conllevó la caída del gobierno de Bustamante y Rivero en 1948. Podía también condenarse su convivencia con el segundo mandato de Manuel Prado y, sobre todo, su alianza con el exdictador Manuel Odría en los años sesenta del siglo pasado. Pero sus ambigüedades ideológicas y sus giros estratégicos no laceraban todavía aquella herencia  moral.

El golpe de estado del 5 de abril de 1992 restó legitimidad a las investigaciones, que debieron esclarecer documentadas denuncias de corrupción durante el primer mandato de Alan García. Las posturas de Atala y Nava, de acogimiento a la confesión sincera, en cambio, parecen marcar ahora el fin de una época, el término de un modo de hacer política y, con ello, un desafío al grito de “el APRA nunca muere”. La sobrevivencia del partido de Haya de la Torre dependerá de su capacidad de regenerarse orgánica y éticamente.

Procesalmente, la confesión supone la admisión por el imputado de los cargos formulados en su contra. Pero solo tendrá valor probatorio cuando sea corroborada por otros elementos de convicción. La expectativa de quien se acoge a esta figura es la disminución de la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal.

Para el Ministerio Público, el valor de estas últimas declaraciones radica en que con ellas podrá, previsiblemente, acreditar la existencia de una organización criminal, definida como aquella agrupación de tres o más personas en la que se reparten diversas funciones, con carácter estable, y que opera con la finalidad de cometer delitos graves.

Para el Perú, más allá del dramático develamiento de redes de corrupción que alcanzan a buena parte de la clase política, esta es una oportunidad de ruptura con un pasado reciente que nos avergüenza, y de expectativa en la vitalidad y los valores de nuevas generaciones que anticipan para la patria un nuevo amanecer.