Está dicho. Luego de varios anuncios fallidos en las últimas semanas, parece que ahora sí va en serio: durante una alocución presidencial se anunció la implementación de la visa humanitaria a partir del 15 de junio. Las expresiones “control”, “seguridad” y “migración ordenada”, fueron usadas para justificar la imposición de una visa expedida en los consulados peruanos en Venezuela y en los países de tránsito (Colombia y Ecuador). Y es así que el Perú, lejos de seguir abriendo los brazos como lo afirmó el Presidente Martín Vizcarra, elige cerrar sus puertas exponiendo a las personas migrantes a viajes inseguros y negándoles una opción de regularidad llegando al destino.
El comunicado de prensa publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoce primero la situación de “la grave crisis política y humanitaria que vive la hermana República Bolivariana de Venezuela” para luego instar a las personas venezolanas “a cumplir con la obligación de obtener la correspondiente visa antes de embarcar con destino al Perú o presentarse en un puesto de control migratorio peruano”. En otras palabras, el Estado peruano si bien se “solidariza” con Venezuela, exige de sus ciudadanos/as cumplir con normas migratorias a la hora de ingresar a Perú, normas en la práctica imposibles de cumplir para la gran mayoría de personas venezolanas que ni siquiera puede conseguir un pasaporte. Las contradicciones, salpicadas de cinismo, se ponen de manifiesto en este anuncio y se conecta en un contexto cada vez más marcado por sentimientos de rechazos y odios acompañados de discursos excluyentes.
La decisión de la imposición de la visa parte de varios supuestos erróneos. El primero es pensar que las personas elijan ser irregulares cuando son los Estados quienes producen la irregularidad migratoria con sus políticas. Basta con mirar las cifras de peruanos y peruanas irregulares en Estados Unidos para darnos cuenta que la irregularidad más que una opción es un estatus precario frente a políticas restrictivas. El segundo es pensar que mediante una medida que busca controlar los flujos habrá un verdadero control efectivo. La experiencia en otros contextos migratorios nos ha enseñado que ocurrirá lo contrario: la mayoría de las personas no entrarán mediante puestos autorizados y no habrá manera de “controlar” los flujos. El tercero es pensar en el efecto disuasivo de la medida. Las personas venezolanas seguirán emprendiendo el viaje hacia Perú por constituir un destino anhelado (a pesar de todo) con la finalidad de buscar seguridad y supervivencia.
Lo dicho está dicho. Ahora nos toca estar atentos no solamente a la implementación de la medida (hasta hoy no hay una norma que establece esta visa y sus criterios) y sus efectos en las personas migrantes sino también a las reacciones de los países vecinos.
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